Baja la espuma de la reforma electoral bonaerense, pero nadie se anima a descartar alternativas

‘Nadie trae certezas, y si no hay algo concreto la reforma sería una quimera’, dijo hace tiempo un importante dirigente de responsabilidades directas sobre la reforma electoral que se insinúa desde un tiempo a esta parte en la provincia de Buenos Aires y que incluye adelantar las elecciones provinciales, de forma tal, que se despeguen de las presidenciales.

Se sopesa porque, en el oficialismo, se intuye que de esa forma se estaría contribuyendo a la reelección del presidente Mauricio Macri, pero se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo verdaderamente, y puede resultar una maniobra que termine con una etapa histórica que a todas luces sus conductores quieren continuar.

Además, en estas últimas horas se empezó a deslizar en el oficialismo que la idea que se le atribuye a la gobernadora Vidal parece ir a contramano de lo que se diseñó en el gobierno nacional, la unificación de las elecciones y no es desdoblamiento.

En rigor, se modificó la legislación en la CABA para efectivamente unificar las elecciones locales con las nacionales; y mañana el gobierno nacional pretende sondear sobre esta misma posibilidad a los gobernadores aliados de Mendoza y Jujuy.

A pesar de esto, nadie se atreve, por el momento, desde el propio oficialismo, criticar la instalación del tema, por varias razones.

Una de esas razones es que Cambiemos bonaerense tiene que encontrar alguna forma de “horrar el compromiso asumido” con Sergio Massa de desdoblar las elecciones en algunos municipios, se habla de un plan piloto de 22 municipios.

A ello se suma cierta presión de los intendentes del PRO, que gobiernan los municipios del conurbano, para que se analice la posibilidad de suprimir las PASO provinciales, por gastos innecesarios y en el fondo un problema adicional para ellos sin ningún beneficio directo, además de ser ordenador de la oposición.

Por último, y tal vez la razón más importante por lo cual no es criticada abiertamente la jugada, que hasta ahora es sólo una puesta en debate, es porque para la oposición termina siendo un problema la incertidumbre y la indefinición, por lo tanto, es un beneficio para el oficialismo todo, nacional y provincial.

En el mientras tanto, como consecuencia no deseada, se alentaron las elucubraciones sobre posibles candidaturas y en el oficialismo provincial, donde al parecer de María Eugenia Vidal para abajo todo está en discusión, comenzando por el vicegobernador.Los radicales se pusieron en guardia pues entienden que es un lugar que les pertenece. Estiman que hicieron todos los deberes, ‘fueron tres años de resolver problemas y no generar ninguno’, e internamente al actual vicegobernador Daniel Salvador no se lo discute para continuar en el cargo.Pero la salida anunciada de Emilio Monzó de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación parece haber estimulado la salida anunciada del Ministerio de Seguridad de Cristian Ritondo y no son pocos los que especulan que en cualquier momento Jorge Macri podría anunciar que no buscará la reelección en la municipalidad de Vicente López.

Cristian y Jorge apuntan a la vicegobernación alentando la pureza de una fórmula PRO, sinónimo de éxitos en otras latitudes, pero a nadie se le escapa que el premio consuelo puede llegar a ser la cabeza de la lista de diputados nacionales de la provincia y, eventualmente, la presidencia de la Cámara baja nacional. Lo que constituye un más que apetecible premio consuelo.

En el peronismo, en el medio cuestiones operativas urgentes que se deben resolver, se va hablando un poco de política pura y de posibles candidatos. No son muchos los nombres en danza y en su gran mayoría, en estas conversaciones, son intendentes los posibles candidatos a gobernador y, incluso, también el vicegobernador.

Pero la novedad viene no del lado de los nombres sino de cierta definición política de cómo integrar la fórmula.Sucede que el PJ en estos últimos años ha repetido en las fórmulas bonaerenses dirigentes del conurbano, apartándose de aquella ‘concepción cafierista’ de un dirigente del conurbano acompañado por un dirigente del interior provincial.

Pero mientras todavía cuesta imaginar nombres que no sean intendentes para la integración de esa fórmula, se consigna que hace tiempo el PJ abandono esa concepción, pues luego de Cafiero-Macaya vino Duhalde-Roma y después nunca más una fórmula integrada del conurbano e interior; un interior bonaerense que es casi tercio del electorado total de la provincia y algo así como el 10 % del electorado nacional que el peronismo tiene que volver a seducir.

Tal como había sido el compromiso asumido por los principales negociadores políticos de la provincia, el Gobierno resolvió aplazar seis meses la resolución que les prohibía cobrar en las boletas de luz tasas ajenas al servicio eléctrico.

La medida, que además de los municipios también beneficia a las más de 200 cooperativas de servicios, entre ellos el eléctrico, que funcionan en localidades de la provincia, debía entrar en vigencia el 1º de enero, pero fue aplazada por 6 meses por una resolución del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba), organismo provincial que es autoridad competente.

Cuando la gobernadora Vidal desplegó en los primeros meses del año la idea de ir a ‘facturas limpias’, sacando las cargas provinciales que se aplicaban como adicional de los costos de los servicios eléctricos, el organismo de control emitió una resolución, el 8 de mayo pasado, estableciendo que las facturas de luz no podían contener conceptos ‘ajenos a la prestación del servicio de energía eléctrica’.Las medidas del Ejecutivo provincial produjeron una baja del 10,4% en las facturas de luz y se estimaba que de ser extensiva la actitud a los gobiernos locales un porcentaje ‘de similar a mayor’ iba a sacarse del monto final que se abona por el servicio de electricidad.

Pero esta posibilidad afectaba directamente a las administraciones municipales, que durante años fueron incorporando en las boletas tasas municipales de distinta índole. Una estimación general establece que los municipios recaudan, a través de esta práctica, al año, la totalidad de la masa salarial de un mes.

Por ello, el Oceba resolvió a fines de junio postergar su aplicación hasta el 1º de enero de 2019, bajo el argumento de que ‘el cumplimiento de la medida implica para los municipios modificaciones en sus sistemas de recaudación y cobro y, para los distribuidores municipales, la adaptación de sus sistemas de facturación’.

Ahora, en una resolución similar, el organismo de control pateó hasta el 1º de julio la vigencia de la medida, al sostener que ‘a la fecha subsisten las razones invocadas’ oportunamente.Pero más allá de las explicaciones técnicas, la decisión tiene un trasfondo político: fue un pedido unánime de intendentes del oficialismo y de la oposición, ante el panorama que presentaba la negociación por el financiamiento de los gobiernos locales que se dio en paralelo al del Presupuesto 2019.

El PJ bonaerense, que parece haberse transformado, para bien o para mal, en una especie de foro de intendentes, eso sí del PJ, comenzó a definir una serie de reuniones estivales.Los intendentes reunidos, en su mayoría del conurbano bonaerense, pretenden tener lo antes posible una definición sobre la política de alianzas en virtud de un posible adelantamiento del calendario electoral.

Así, los jefes comunales, encabezados por el intendente del Esteban Echeverría y titular del PJ provincial Fernando Gray, resolvieron realizar el clásico encuentro del Partido de La Costa, en la localidad de Santa Teresita, el próximo 26 de enero. En lo formal se realizará la reunión del Consejo paritario, a la que se sumarán los principales intendentes de la fuerza.

Se espera que en esa reunión se defina la convocatoria para la realización del Congreso partidario, que podría desarrollarse el 22 de febrero en un distrito del Conurbano a definir. Al mismo tiempo, se pretende que el Congreso delegue en el Consejo la definición de la política de alianzas; una formalidad que es la campana de largada de la campaña electoral.

También se busca lugares en las agendas de las autoridades del partido y definir fecha para una reunión en Mar del Plata con un grupo de rectores de universidades nacionales con sede en la provincia, identificados con el PJ.

La idea de intendentes y rectores es realizar una fuerte crítica a las políticas educativas de Cambiemos, y así hacer su contribución al conflicto que todos esperan en ese frente, a fines de febrero y principio de marzo, cuando deberían comenzar las clases del ciclo lectivo 2019.Además de Gray, fueron de la partida, entre otros, los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).

Los mandatarios locales, incluso, aprovecharon la ocasión para sondear la posibilidad de fijar una estrategia conjunta, con capítulo Judicial incluido, contra los aumentos de tarifas anunciados por el Gobierno en los últimos días.

La cantidad de secuestros extorsivos disminuyó en el país un 40% en 2018 con respecto al año anterior, según números oficiales difundidos recientemente, donde los distritos de Lomas de Zamora y Morón acumulan a mayor cantidad de casos, con 29 cada uno al año.

Los números fueron expuestos por la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), del Ministerio Público Fiscal. Según el documento, el año pasado hubo 111 secuestros extorsivos contra 185 de 2017. En 2015 este tipo de delito había acumulado 294 casos; y en 2016, 227.

En cuanto a las zonas más ‘calientes’, el informe señala que Lomas de Zamora y Morón encabezan la lista con 29 secuestros extorsivos por jurisdicción. A estos dos distritos, en el territorio bonaerense le siguen Quilmes, con 13 hechos, San Martín/Tres de Febrero con 9 y Hurlingham 6. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra 11 casos.

De esta lista, se desprende que de los 111 secuestros de 2018 más de 77% ocurrieron en el conurbano.