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Además, e impone la agenda de problemas. La gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires está con la guardia baja
Las fuerzas opositoras parecen que están dispuestas a no distraerse con la arena y el sol este verano y, por el contrario, todo estaría indicando que están en formación ofensiva, decididas a perforar la defensa del gobierno en el principal distrito de la República.
Es cierto, la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires está con la guardia baja; algunos ministros están de vacaciones, otros están recién llegados de su descanso estival y están recién poniéndose al día.
Así, la oposición gremial y política empieza a encontrar espacios para mostrarse dispuesta a marcar lo que serían las “consecuencias sociales” que conlleva la “obsesión” del oficialismo por el recorte presupuestario y otras cuestiones que azuzan conflictos en la provincia.
Si hubo alguien que intentó relacionar “el combo” que implica el rumbo del gobierno, ese fue el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, al reclamar que se suspenda la audiencia pública por el aumento de la tarifa del agua.
Consideró que el gobierno “no cumple con lo estipulado por la ley” y dijo que “la explicación que da ABSA es insuficiente y liga la suba, por ejemplo, al aumento de luz que también deben enfrentar los consumidores. Por otro lado, los usuarios en realidad deberán pagar un doble incremento, pues se suma lo que se informará en la audiencia más la que tendrán que abonar por el reciente revalúo fiscal aplicado por la provincia”.
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Otro de los cuestionamientos hechos por el defensor a la audiencia programada para el 2 de febrero en La Plata tiene que ver con que la convocatoria fue realizada por el Organismo de Control de Aguas (OCABA), que fue disuelto a pocos días de este llamado por la nueva Ley de Ministerios, por lo que la Autoridad del Agua (ADA) pasó a quedar como organismo de control.
“Esta movida también representa una quita de derechos para los consumidores, ya que el OCABA contaba en su directorio con representación de los usuarios, y el ADA no”, explicó Lorenzino. Es decir, efecto dominó del aumento de tarifas, despidos por supresión de organismo y pérdida de derechos.
Por otro lado, el massismo, uno de los principales aliados hasta ayer del gobierno, también hace lo suyo.
Mientras el intendente de Tigre, Julio Zamora, recibe la visita del jefe comunal de Hurlingham, Juan Zabaleta, con el fin de fortalecer lazos en materia de seguridad y educación entre ambos municipios, los legisladores del FR volvieron a la carga contra la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de aumentar hasta un 56% los impuestos del inmobiliario urbano para los 16 millones de bonaerenses.
Zabaleta y Zamora cerraron un convenio de colaboración educativa para la incorporación al Centro Universitario Tigre (CUT) de una extensión académica de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).
Los legisladores massistas reiteraron que “están destruyendo a la clase media”, y pidieron que se suspenda el revalúo, e insisten con “el aumento desmedido, ahora que las boletas están en la calle”. Pidieron reconsiderar la medida porque “llegaremos a mediados de año con la mayoría de los contribuyentes no pudiendo pagarlas”.
Por último pero no menos importante, los senadores del bloque de UC-PJ presentaron el primer pedido de interpelación del año, en este caso, al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi, por aparentes falencias en el área, y para tener detalles del presupuesto asignado a los varios programas que se ejecutan en los hospitales públicos.
El proyecto, firmado por la jefa del bloque, Teresa García, apuró su tranco a partir del “apagón” sucedido en el Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, ubicado en la ciudad de La Plata, pero con incidencia en todo el Conurbano e interior bonaerense.
Entre otras afirmaciones, la presidenta de la principal bancada opositora acusó a la gobernadora María Eugenia Vidal de “poner en riesgo la vida de bebés por no comprar un grupo electrógeno”.
También aprovechó la oportunidad para reclamar sobre la presunta subejecución presupuestaria en el área, que según la legisladora opositora es de “más de 18 mil millones a costa de la salud de los bonaerenses”, de los 30 mil presupuestados, según detalla García al tiempo que consigna que se trata de datos de la Contaduría General.
“Entiendo que la senadora no está informada correctamente, porque de lo contrario habría que pensar en una intencionalidad política deliberada basada en falsear un hecho que involucra a la salud pública”, deslizó el presidente de la bancada de diputados de Cambiemos Maximiliano Abad, que detalló que del presupuesto de salud de 2017 se ejecutó más del 95 %. Doce mil millones no alcanzan para pagar los sueldos, que sería los ejecutado según la senadora. También aclaró que el problema del apagón fue “solamente en un pabellón, se produjo una demora de 20 minutos en hacerse la transferencia eléctrica”, detalló sobre el corte en el San Martín.
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Pero para el diputado radical, en este sentido, “no hay en esta materia ningún criterio de ahorro, ni recorte presupuestario. Es a la inversa: tenemos muchísimos ejemplos de hospitales que estaban en condiciones lamentables y que hoy están estrenando instalaciones, con equipamiento, seguridad y recursos”. Así, la única voz de defensa oficial que se elevó remató afirmando que “acusar a esta gobernadora de poner vidas en riesgo es una falsedad absoluta, con un tinte de oportunismo e irresponsabilidad política”.
El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, se sumó al grupo de jefes comunales de sur, este y oeste del conurbano bonaerense que echan cartas en el reclamo vecinal contra los cortes de luz.
Tal como lo hicieron el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; y de Lanús, el oficialista Néstor Grindetti; Watson anunció que el municipio intimó legalmente a Edesur y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por los inconvenientes en el servicio que afectó a barrios de esa comuna.
El secretario Legal y Técnico del municipio, Daniel Dono, aseguró que “estamos iniciando intimaciones a Edesur, para que regularice lo que es la prestación del servicio de energía eléctrica, porque tenemos serias dificultades con la tensión y los cortes, con más de 13 barrios afectados”.
Los problemas que generan la falta de electricidad son comunes a todos los distritos, y el abastecimiento a los pozos de captación que distribuyen el agua también se ve resentido y por lo tanto los vecinos se encuentran sin luz y sin agua.
Seis de cada diez ciudadanos del área metropolitana se sienten inseguros, según una investigación realizada por el Centro de Estudios Metropolitanos y Opina Argentina, pues el 59 % de los habitantes de la región se sienten inseguros.
Las percepciones sobre inseguridad varían según el distrito del área metropolitana que se releve. La mayor preocupación se da en Quilmes, La Matanza y Tres Febrero. El índice disminuye en Tigre, Ezeiza y Vicente López.
La encuesta se realizó entre 9 mil personas mayores de edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 24 partidos del conurbano bonaerense, de los 33 que lo conforman en su versión extendida.
El estudio sobre esta problemática refleja que las percepciones sobre inseguridad varían según el partido que se analice. Entre los municipios en donde se reflejan los menores índices de sensación de inseguridad se encuentran Tigre (33,6%), Ezeiza (33,9%) y Vicente López (34,1%). En tanto, entre los municipios con mayor preocupación por los niveles de inseguridad están Quilmes (78%), La Matanza (74%) y Tres de Febrero (70%).
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el 54% de su población se siente insegura, muy cerca del promedio del todo el Área Metropolitana (59%) y similar a otros municipios como Hurlingham, Avellaneda y Florencio Varela.
Almirante Brown (48%), Ezeiza (46%) y Vicente López (37%) son los municipios donde la policía bonaerense cuenta con una alta imagen positiva, muy por arriba del promedio de todo el GBA en donde la policía bonaerense cuenta con el 22%.
Luego de seis sesiones frustradas en medio de mucha tensión, al intendente de Berisso, Jorge Nedela, le bastaron 10 minutos para tener aprobada la adhesión al Pacto Fiscal promovido por la provincia.
Sucede que el Concejo Deliberante finalmente logró sesionar gracias a la edil massista Lorena Rusillo, que el viernes asumió en lugar de Maximiliano Barragán, de licencia a raíz de un problema de salud.
El oficialismo debió suspender la sesión en siete oportunidades, porque la oposición no le daba el quórum necesario para sesionar. Pero con el cambio en el massismo no solo logró esto, sino que la flamante edil votó a favor de la adhesión al Pacto Fiscal.
El oficialismo tenía la mitad de los concejales, número justo para poder aprobar las ordenanzas mediante el desempate de presidencia, pero dependía de al menos un concejal opositor para poder sesionar.
Nedela buscaba desde diciembre aprobar la adhesión de Berisso al Pacto Fiscal bonaerense, al tiempo que también pretendía tratar la emergencia económica. Ambas medidas son resistidas por los gremios municipales, que en las primeras cuatro sesiones protagonizaron incidentes con la policía, lo que llevó al intendente a acusarlos de querer cometer un “golpe institucional”.
Luego de varios fracasos, el jefe comunal se comprometió a postergar la emergencia, y acordó con los gremios una serie de garantías laborales ante la inquietud que generaba el Pacto Fiscal. Ahora el intendente radical en Cambiemos está en línea con la provincia, tal como fue su intención desde que la Legislatura sancionó la ley de Responsabilidad Fiscal, aunque claro está costó bastante.