Los intendentes reaccionan ante crucial "paquete legislativo" de Cambiemos

El oficialismo legislativo comenzó a tratar lo que algunos se animan a describir como una “nueva redefinición” del gobierno de Cambiemos que encabeza María Eugenia Vidal.

Es una estimación extendida que en la discusión de estos tres proyectos legislativos el gobierno provincial pretende avanzar en una nueva relación entre el poder central de la provincia y los gobiernos locales.

La idea no es considerada mala en sí misma, se razona que un gobierno que “hizo del cambio una bandera es hasta natural que así proceda”, según detalló un intendente opositor que participó en varias reuniones esta semana en la capital provincial, la ciudad de La Plata.

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Parte del cambio, precisamente, es que los intendentes participen de las discusiones que se despliegan en las cámaras legislativas con significativa incidencia en el resultado final de la negociación.

En el caso de la principal fuerza opositora, el peronismo, que se agrupa bajo las marcas FpV-PJ, es elocuente como los jefes comunales son los que terminan convirtiéndose en los principales ordenadores de las acciones que luego terminan desplegando los legisladores.

Los mandatarios municipales, principalmente aquellos que gobiernan los distritos grandes del Conurbano, son conscientes de que estas discusiones resultan determinantes de sus posibilidades y limitaciones, en sus respectivas gestiones, en el próximo largo año.

Los intendentes de la alianza oficialista no hablan en voz alta, pero algunos de ellos venían advirtiendo que los cambios que impulsaba el Ejecutivo en el reparto de fondos, tales como la eliminación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), en algunos casos, no terminan favoreciendo a las administraciones locales y comparten con los opositores que se están concentrando fondos y decisiones en la administración central.

Este centralismo en la toma de decisiones no solo les resta protagonismo, a los intendentes, en las políticas públicas que puedan desplegar en sus territorios, sino que además consideran que “no existe una experiencia exitosa de administración” provincial en esos términos.

La concentración en la toma de decisiones termina dotando de una cuota de “discrecionalidad” al funcionario que atenta contra la buena administración de los siempre escasos recursos, concluyen.

Esta advertencia la venían realizando, por caso, muchos intendentes radicales, incluso antes de que se presentaran oficialmente los proyectos en la Legislatura; ahora que se presentaron, se confirmó que no habrá FIM y además otros recortes y limitaciones a las acciones de los gobiernos locales que están disparando algunos subrepticios conflictos en el seno del oficialismo. Y no nos referimos solamente a los intendentes radicales.

Hoy será día clave para limar asperezas en el oficialismo. La convocatoria que la gobernadora María Eugenia Vidal realizó a intendentes y legisladores, locales y provinciales, en la carpa de la sede del gobierno provincial, servirá al menos para verse las caras.

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Recorte

¿Qué se objeta desde las cabezas de los gobiernos locales? Básicamente, que hay un recorte en las transferencias de recurso a los municipios por varias vías y una concentración de la disponibilidad de los mismos en el gobierno central.

El actual diputado nacional del FpV Gustavo Arrieta, que asumirá como intendente de Cañuelas el próximo 10 de diciembre, cuantificó que “el fuerte recorte de fondos a los municipios” estaría en el orden de los “10 mil y 15 mil millones de pesos”, y aclaró que esto estaría poniendo en duda la “sustentabilidad del servicio de seguridad, donde los municipios hacen su aporte en combustible”, por tomar un tema.

Hay tres grandes ingresos de fondo a los municipios que estaría viéndose afectadas por los proyectos de ley que el gobierno provincial pretende sancionar en la legislatura.

Por un lado, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, diseñó un Presupuesto General de Gastos y Recurso para el 2018 que no incluye el ya mencionado Fondo de Infraestructura Municipal.

Este año, el FIM, destinó 8.500 millones de pesos a obra pública que definen, a través de la presentación de proyectos, los intendentes. El fondo además se reparte entre los 135 municipios por el Coeficiente Único de Distribución, que si bien puede presentar algunas inequidades es, reconocido por todos, el que permite el reparto más justo entre los municipios.

Por otra parte, el Fondo Educativo, constituido por ley nacional, pero que se coparticipa de forma automática a los municipios, representa unos 8.000 millones de pesos al año, y eran administrados por los municipios con cierta flexibilidad, ahora expresamente quedarán en un 85 % para obras de infraestructura, de liberación contra certificado de obra, y con un concepto de reparto entre los municipios a definir por la Dirección General de Cultura y Educación, que por ahora se desconoce fehacientemente.

También las arcas municipales son afectadas, y muy especialmente las de los municipios del Conurbano, a partir de la decisión de bajar las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos, tal como quedó dispuesto en el proyecto de ley Impositiva remitido a la Legislatura.

Sucede que el Fondo de Inclusión Social, que los municipios reciben por un coeficiente de Necesidades Básicas Insatisfechas -con lo que se favorece a los municipios del Conurbano-, se nutre, fundamentalmente, de la recaudación de Ingresos Brutos.

La misma situación afecta al Fondo para el Fortalecimiento de Recursos Municipales.

Los economistas estiman que si la proyección de la quita en IIBB es del orden de los 10 mil millones como sostiene el oficialismo, sendos fondos pierden al menos uno 700 millones.

Por último, los mandatarios locales ven en el proyecto de ley del Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal un corsé que les imposibilita tener algún tipo reacción de acuerdo a la realidad de sus propios distritos, que les permita mitigar de alguna forma esta situación que, “objetivamente”, los desfinancia.

Opositores

Los que levantaron la voz por estas horas fueron intendentes peronistas y legisladores bonaerenses del FpV-PJ, que cuestionaron las leyes de Presupuesto, Impositiva y de Responsabilidad Fiscal enviadas por la gobernadora María Eugenia Vidal por “endeudar fuertemente a la provincia de Buenos Aires, al tiempo de recortar fondos y avanzar contra la autonomía de los municipios”.

“Nos preocupa que Vidal lleva 136 mil millones de deuda acumulada y que vuelve a pedir más endeudamiento”, señaló la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, al finalizar el encuentro realizado en el Anexo del Senado provincial del cual también participaron los equipos técnicos.

En este sentido, la jefa comunal advirtió que de votarse el Presupuesto enviado por la gobernadora tal como se envió, “las economías de las familias van a estar cada vez más ajustadas”, producto de la “revaluación muy fuerte de las propiedades y por los nuevos aumentos en gas, luz, ARBA y combustibles”.

“Una gobernadora que presenta un presupuesto que no sostiene lo elemental, es pura deuda y no tenemos idea de en qué lo va a invertir. Por eso creemos que este presupuesto de esta manera no se puede votar”, cuestionó.

Pero más allá de las críticas expresiones de la mandataria matancera, la reunión sirvió para encontrarse con la realidad -la única verdad-: será difícil sumar masa crítica, y es absolutamente necesario.

Ningún intendente de la primera sección se hizo presente, y faltaban muchos de los intendentes de los distritos grandes del sur del conurbano, con la excepción de La Matanza.

Es la primera reunión dijeron como excusa de las ausencias; estarán presentes en las nuevas convocatorias.

El amontonamiento de intendentes y legisladores opositores también tendrá que definir el nivel de confrontación, tal vez la clave del éxito en la negociación.

En principio, el peronismo, pretende alcanzar el tercio de ambas cámara legislativas, para que de esa manera el oficialismo no logre los dos tercios restantes necesarios para sancionar las autorizaciones de endeudamiento que resultan imprescindibles para el esquema del Cambiemos. Son 31 diputados y 16 senadores, en esta primera juntada no lo lograron.

Por ello, tal vez, otro de los participantes, el intendente de Laprida, Alfredo Fisher, indicó, con cierta moderación: “apuntamos a la reflexión de muchos intendentes que hoy han sido convalidados por las elecciones en toda la provincia, ya que si avanza con estas iniciativas vamos a tener una autonomía muy cuestionada”.