Al gobierno bonaerense parece empezar a costarle fijar el rumbo en un agenda que cada vez más está dominada por cuestiones generales de preocupaciones económicas y que requieren respuestas que están más allá de las que puede ensayar dicha administración.

Al gobierno de María Eugenia Vidal parece empezar a costarle mantener la iniciativa en un agenda que cada vez más está dominada por cuestiones generales de preocupaciones económicas y que requieren respuestas que están más allá de las que puede ensayar la administración provincial.

Los voceros de la casa provincial de gobierno tuvieron que alzar la voz, esta semana, una vez más para que las poleas de transmisión recepcionen fehacientemente que "no existe", al menos en esta coyuntura histórica, la idea de Vidal sin Macri.

"No hay ninguna posibilidad de que a nosotros nos vaya bien si al presidente le va mal", dijo un funcionario de la mesa chica de Vidal, pero además aclaró, lo cual es siempre un riego, que desde el plano irracional, si lo primero está dentro de lo objetivo racional, "no es nuestro deseo".

Es parte de una estrategia opositora colocar a la gobernadora como posible candidata presidencial o siendo gobernadora después del "19 con otro presidente que no sea Mauricio’, detalló un legislador bonaerense que cruza todo el tiempo la plaza San Martín de la capital bonaerense.

El señalado debilitamiento de la imagen presidencial, en gran parte debido a los inconvenientes económicos que persisten en la realidad de la Nación Argentina, también tienen su impacto en el presente de la gestión bonaerense que Vidal encabeza.

Pues si bien la gobernadora no sufre los deterioros sociales que experimente el presidente, su capacidad, su poder de fuego e imposición, que con naturalidad venía diseminando empieza también a encontrar obstáculos en una cancha por demás de fangosa.

Esta semana, por caso, la Justicia, que siempre hace de las suyas, resuelve un planteo que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) hizo, en su momento, respecto del proceso de negociación salarial desplegado entre el gobierno y los docentes, procesos que siempre están plagados de este tipo de planteos.

Sucede que la Justicia Laboral avaló lo actuado por el gobierno, para al mismo tiempo estaría

Declarando la vigencia y aplicación de la cláusula gatillo pactada el año pasado por lo que el gobierno deberá actualizar semestralmente los salarios por inflación hasta que se celebre un nuevo acuerdo.

A partir de allí se dispararon los acontecimientos. El fallo posibilitó que los dirigentes docentes pudieran expresar que ‘la cláusula gatillo no está ligada a los bonos que nos dieron, los adelantos que dieron son bonos navideños y ahora cuando se liquide el aguinaldo no cuentan’.

De nada sirvió que desde la provincia se esforzaran en comunicar que "la Justicia en ningún momento ordena a la provincia de Buenos Aires al pago de la cláusula gatillo". Por el contrario, en el texto sostiene: "...No obstante lo expuesto, la aplicación de la ultractividad, no puede forzarse hasta el absurdo, como pretende la parte actora (los docentes)".

Tampoco sirvió el hecho de que el fallo, según la provincia, "deja claro que el gobierno realizó pagos a cuenta del acuerdo paritario con el objetivo de que los docentes no pierdan contra la inflación".

Si bien el tema de la negociación salarial con los docentes tiene mucho de contexto económico y político y resulta lógico que los docentes aprovechen la ocasión para llevar agua para su molino en un conflicto que sigue abierto. Pero lo cierto es que la fisura también aparece en cosas bien concretas e inmediatas.

Por caso, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó en Moreno el acto de incorporación de nuevas ambulancias al servicio de emergencias SAME.

Se trata del municipio número 56 que se incorpora al SAME y que buscará llegar hasta los 77 distritos para finales de este 2018. Además, ya se distribuyeron 213 ambulancias en todo el territorio provincial.

El mismo tiempo se deslizaba un relevamiento puntual sobre el servicio en el conurbano. Los distritos que aun no cuentan con SAME en esta región de la provincia son, por ahora, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, La Matanza, San Fernando y Tigre, todos ellos distritos de opositores de diferentes grados y espacios. Los distritos de Cambiemos están cubiertos en su totalidad.

De los 56 distritos que ya cuentan con el servicio, el 77 por ciento corresponde a gestiones de Cambiemos. Sólo 13 municipios son administrados por otros partidos, como es el caso de José C. Paz, Florencio Varela, Ensenada, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Escobar, Punta Indio, Ezeiza, General Paz, San Nicolás, General Alvarado, Chivilcoy y Moreno.

Datos duros que operaron como un "contra-anuncio" y que deja a un lado el hecho de que Moreno, gobernado por Walter Festa, es uno de los territorios políticamente más enfrentado al gobierno de Vidal.

PRECIOS

El costo de los principales productos que componen una típica compra de supermercado en la zona de influencia de la Universidad Nacional de General Sarmiento, se incrementó 7,5 % en el mes de mayo próximo pasado. Aunque si se ignoran los aumentos estacionales el aumento es del 3,6 %, de todas formas la canasta básica alimentaria aumentó el 5,1 %, el mayor aumento desde agosto 2017.

Esta es la conclusión a la que se arribó en un trabajo desarrollado entre el Programa Interinstituto sobre Empleo, Trabajo y Producción de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y Organizaciones Territoriales de la región, que realizaron los relevamientos de precios. La metodología utilizada fue desarrollada por CEPA.

Para la realización de este trabajo, se dividió el distrito en cuatro zonas y en cada una de las zonas fueron relevados: dos supermercados pequeños, dos verdulerías, dos carnicerías y dos panaderías. Además, se seleccionaron cuatro supermercados grandes del distrito. Es decir, que estamos frente a una medición que incluyó 37 establecimientos.

El aumento de precios había sido sustancialmente inferior en abril, que arrojó una variación de 1,85%. Según el mismo relevamiento, los precios crecieron 2,1% en enero, 1,63% en febrero, 1,01% en marzo de 2018. Así, la suba de mayo contrasta con una cierta desaceleración en el último semestre, aun dentro de una gama de valores inflacionarios relativamente elevados en dicho período.

Los aumentos en alimentos básicos de consumo popular son notables en la harina de trigo (19,07%), huevos (21,09%), aceite (10,94%), pan (20,4%) y fideos (14,99%), entre otros casos. por ejemplo.

Este aumento de precios, según el mismo trabajo, es relativamente generalizado puesto que de las 37 variedades relevadas 29 experimentan aumentos y solo 8 reducciones de precio. Dentro de los productos que aumentan de precio, el promedio de aumento de este subconjunto es de 9,81%. Si bien el aumento de precios en las frutas y verduras influye, por razones estacionales.

En efecto, los aumentos ligados a la estacionalidad son los siguientes: lechuga criolla (53,02%), cebolla común (26,13%), manzana roja (11,17%), tomate redondo común (6,24%), papa negra común (1,05%), y la naranja (0,52%). No obstante, si sacamos dichos productos del índice, el aumento es de un 3,6%, dando cuenta de un repunte importante de la inflación en mayo.

Por otro lado, la canasta básica alimentaria, compuesta de un subconjunto de los bienes relevados, experimentó un aumento en mayo de 5,12% constituyendo el salto más importante de la canasta básica alimentaria desde agosto 2017.

Por consiguiente, en la zona una familia tipo (dos adultos y dos hijos) necesita un ingreso de $6.861,88 pesos para que sus miembros no sean indigentes y $16.341,57 para que sus miembros no sean pobres (por ingreso).

DESCONFIANZA

La Defensoría del Pueblo bonaerense elaboró un diagnóstico sobre la percepción de los ciudadanos sobre las instituciones democráticas, y mostró que en el Conurbano existe una generalizada desconfianza a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como así también respecto a las fuerzas de seguridad.

"Si bien hay un consenso generalizado a la hora de ver a la democracia como el mejor sistema de gobierno, esta percepción no se ve reflejada en la visión que la gente tiene respecto a los actores e instituciones que forman parte de ella", sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

El estudio que el organismo elaboró junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), determinó que la confianza en el Gobierno nacional alcanza al 26% de la población del Conurbano, más de dos puntos por debajo de la media nacional, que se ubica en el 28,4%.

En el caso del Poder Legislativo, este índice se hace visible en sólo el 15,5% de los habitantes, contra un 17,3% de la media nacional. Con la Justicia sucedió algo similar, donde cree en ella el 9,6%, contra 11,7% a nivel país. A su vez, apenas el 18,4% considera que los jueces son imparciales.

Al analizar la visión que tienen los ciudadanos de los distritos que componen el conurbano bonaerense respecto a la policía y a la Gendarmería, la confianza alcanza al 25,1% de ellos, una cifra notablemente menor a la que se percibe en el total nacional, que fue del 32,6%.

El trabajo reconoce una profundización de las brechas sociales, donde la mayor desconfianza se da en los sectores pobres, indigentes y que residen en villas y asentamientos precarios, con mayor incidencia a su vez en el sur y el oeste del conurbano.

"Queda claro que uno de los principales desafíos que se presentan es lograr un acuerdo social capaz de reunir a la dirigencia política y a la ciudadanía alrededor de la consolidación de una democracia capaz de garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales", fue la reflexión deslizó el propio defensor del pueblo provincial Guido Lorenzino, al dar a conocer los datos.

ISLEÑOS

Isleños del Tigre y autoridades bonaerenses acordaron el congelamiento del precio de los pasajes fluviales hasta tanto finalicen las negociaciones por el nuevo cuadro tarifario, lo que fue festejado por representantes de la oposición que apoyan su reclamo.

"Logramos unir el problema que tienen los isleños y la solución que vino de la mano del Subsecretario de Transporte de la Provincia que nos dio señales de solución", aseguró el presidente de la bancada massista de diputados provinciales Rubén Eslaiman.

Tras varios encuentros con legisladores del FR y bloques opositores peronistas, los ciudadanos del Delta lograron avanzar en las tratativas para que la Provincia otorgue un subsidio al transporte, "un anhelo que durante los doce años del gobierno anterior hicieron oídos sordos a nuestro reclamo", agregaron algunas voces. El acuerdo alcanzado entre el gobierno, representado por subsecretario de Transporte Mariano Campos al incorporar el Transporte Fluvial de pasajeros al sistema de Infraestructura de Transporte y así garantizar la igualdad de derechos. Un principio de solución a un viejo reclamo.

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