Vidal consiguió refrendar el Pacto Fiscal y aislar al kirchnerismo

La adhesión de la Provincia de Buenos Aires al Pacto Fiscal contó con el visto bueno de una clara mayoría, aunque no logró la unanimidad: tuvo la resistencia de Unidad Ciudadana, que ubicó al pacto dentro del “proceso general de ajuste” que lleva adelante el gobierno nacional con la complicidad del provincial.

No obstante, la iniciativa a través de la cual se adhiere a la ley nacional tuvo el acompañamiento, primero en Diputados y luego en el Senado, de los bloques de Cambiemos, del PJ-Unidad y Renovación y del Frente Renovador.

Legisladores oficialistas criticaron la postura de los representantes de Unidad Ciudadana y aseguraron que “es una demostración más del abandono que los K hicieron de los bonaerenses, así como Daniel Scioli que nunca reclamó lo que le correspondía a la Provincia”.

“Hoy siguen con esa misma posición, por eso estamos en un día histórico en el que recuperamos para los bonaerenses lo que les corresponde”, relató un importante referente legislativo.

El acuerdo contempla una serie de compromisos asumidos por los firmantes con miras a “armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones a fin de promover el empleo, la inversión, el crecimiento económico y la promoción de políticas uniformes que posibiliten el logro de esa finalidad común”.

Por ese consenso, las partes acordaron una “solución integral y realista” a los más de 50 conflictos judiciales suscitados entre ellas, vinculados a la distribución de impuestos nacionales, afectaciones específicas de recursos y transferencia de competencias, servicios o funciones, con miras a emprender un diálogo institucional que desemboque en una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.

En números, la adhesión permitirá, entre otras cuestiones, el ingreso de $ 21.000 millones a la Provincia en 2018 y otros $ 44.000 millones en 2019, por la mejora en la distribución de la Coparticipación Federal y en concepto de Fondo del Conurbano.

El acuerdo alcanzado incluye, a la vez, una nueva rebaja del impuesto sobre los Ingresos Brutos ya que el Anexo 1 de la ley nacional obliga a las provincias a ir achicando gradualmente ese gravamen hasta 2022.

Entre otras modificaciones, la propuesta contempla rebajas en las alícuotas de Ingresos Brutos en rubros como el transporte y el agro, según el nivel de facturación.

A partir de la negociación que se desplegó en la Legislatura se incluyó un artículo para que los municipios tengan “capacidades limitadas” para adherir a los contratos de Participación Público Privado (PPP), en el entendimiento de que es una herramienta que necesitan los intendentes y una forma más ágil de conseguir (otra fuente más de) financiamiento para obras.

Pero así como los legisladores peronistas votaron divididos, también los intendentes se expresaron de esa forma. Pues los intendentes kirchneristas se plantaron ante Pacto Fiscal y adelantaron que no serán adherentes. Dicen que sus distritos tienen orden financiero y acusan a la administración bonaerense de discriminarlos.

Los jefes comunales Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Francisco Paco Durañona (San Antonio de Areco) adelantaron que no se sumarán al pacto fiscal porque les daría asistencia a las comunas a cambio de que no hagan crecer sus plantas de empleados más de la población y que sus deudas no superen el 8% de los gastos corrientes. “Nosotros no vamos a firmar ese pacto fiscal. Yo no tengo déficit y no tengo gente de más”, advirtió Secco horas después de ser sancionado el proyecto, y explicó que ya está discutiendo con los gremios municipales sobre los pases a planta permanente y los ascensos de categoría.

Ferraresi también se negará a firmar el acuerdo y que además anunciará mañana la incorporación de nuevos trabajadores municipales y un aumento salarial superior a la inflación para 2018.

En tanto, Durañona dijo que “cumple con todas las previsiones del pacto fiscal, bastante antes de que existiera”, por lo que tampoco su distrito se adherirá.

Pero así como están los distritos ordenados, están los otros; desde la gobernación es cierto que se presiona para que existan planes de ordenamiento financiero de municipios, y se tiene puesta la lupa sobre unas 30 intendencias con las finanzas en “rojo”.

En la lista, figuran distritos gobernados por Cambiemos, como General Pueyrredón, Bahía Blanca y Berisso. Pero también hay otros municipios con intendentes de signo peronista, como José C. Paz y Moreno, donde por ahora se guarda prudente silencio.

Por el otro lado la administración Vidal se las ingenió para avanzar en el acuerdo la compañía de los intendentes que aparecen controlando el PJ bonaerense, el tridente que conforman los intendentes de Merlo, Gustavo Menéndez; Esteban Echeverría, Fernando Gray y Martín Insaurralde de Lomas de Zamora.

Así, minutos antes de que se sentaran los legisladores en sus bancas se conoció un posicionamiento del PJ respecto de la votación que se iba a dar en los recintos donde claramente se fijaba la posición de ese colectivo.

Y para que quede clara la posición el propio presidente de la bancada de diputados del PJ-Unidad y Renovación, Julio Pereyra, se tomó la licencia de leer el documento partidario en la sesión a modo de fundamento de la posición adoptada.

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“Desde el Partido Justicialista de la PBA, sabiendo de la necesidad de establecer mecanismos que fortalezcan las instituciones y garanticen transparencia y previsibilidad, hemos determinado la necesidad de afianzar el Pacto de responsabilidad Fiscal que firmó la Nación con la de Buenos Aires y las demás provincias, adhiriendo al pedido de apoyo que nos hicieron los compañeros gobernadores peronistas”, se sostenía en el primer párrafo.

Y para que no quedaran dudas continuaba: “Entendemos que el nuevo Consenso incorpora elementos favorables para los municipios y confiamos en que permitirá lograr un mejor equilibrio presupuestario y mayores recursos para las provincias y las comunas”.

En definitiva, el gobierno logró dar herramientas de organización administrativas a las comunas y al mismo tiempo tuvo un guiño político de dos de las tres principales fuerzas opositoras de la provincia. El kirchnerismo votó por la negativa, en soledad en el Senado, mientras que sólo fue acompañado por la banca rotativa del FIT en Diputados. Fueron dos duras derrotas, 35 a 11 y 65 a 23.

Como no podía ser de otra manera, la noticia no encendió luces de alarma, pero tampoco despertó mucha alegría en el entorno de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Pues sucede que en estos días el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como todos saben un amigo de la gobernadora, anduvo por el territorio provincial sacándose fotos con intendentes al mejor estilo “futuro candidato”, vaya uno a saber a qué.

La excusa fue que los intendentes bonaerenses de Lanús, Néstor Grindetti; Quilmes, Martiniano Molina; La Plata, Julio César Garro; San Isidro, Gustavo Posse; y de Pilar Nicolás Ducoté, firmaron unos convenios con el mandamás porteño. También fueron de la partida los jefes comunales de capitales de provincia del interior como el de Santa Fe, José Corral, la ciudad de Mendoza Rodolfo Suárez y Sergio Varisco de Paraná, Entre Ríos.

El convenio de colaboración prevé a los gobiernos diseñar e implementar políticas públicas y acciones de intercambio cultural, económico, histórico, educativo, científico, social, deportivo, turístico, entre otros, que permitan extender las fronteras de crecimiento y desarrollo, a través del intercambio de conocimiento y experiencias.

Entre las actividades a desarrollar, se encuentran contempladas -entre otras- la realización de muestras, espectáculos, conferencias, exposiciones, eventos y charlas, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de capacitación.

Pero desde lo político a nadie escapa el volumen que pueden adquirir estas relaciones paralelas que, por otro lado, son una práctica común de la dirigencia.

El encuentro no sólo llamó la atención en la provincia de Buenos Aires, sino que también fue observado con cierto recelo desde el ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio, aunque en provincia creen que algún ala de ese organismo pudo haber promovido el encuentro.

Tardó pero finalmente el intendente de Morón Ramiro Tagliaferro podrá entregar al gobierno nacional la habilitación para ejecutar la obra del Metrobus-Parque Lineal en Gaona.

Con los 12 votos de Cambiemos, quórum opositor y una ausencia confirmada, el oficialismo local está confiado en que hoy aprobará la obra que le permitirá poner en marcha en el distrito el sistema de transporte público emblema del macrismo para unir el esta zona con la capital federal. Con los 12 votos propios que cuenta, el bloque de Cambiemos ya tiene las manos suficientes para aprobar el expediente, que será defendido en el recinto por Leandro Ugartemendía, un ferviente defensor del Metrobus desde que ocupaba el cargo de secretario de Planificación Estratégica.

Pero la clave de la sesión estará dada por el quórum que brindarán dos bloques de la oposición, que no se sabe aún si acompañarán la iniciativa pero seguro estarán sentados habilitando el debate. Una concejal que brindará quórum para sesionar, como viene haciendo desde que asumió, es Karina Godoy, del monobloque PJ. Godoy coincide, en ese aspecto, con el concejal del Frente Renovador Domingo Bruno. Ninguno de los dos quiere ser funcionales al sabbatellismo, que “pretende obstruir la gestión Tagliaferro”, según expresaron ambos. En cambio, la concejal del GEN Sandra Yameti se ausentará de la discusión porque se encuentra en Bahía Blanca, a donde viajó para pasar las fiestas.