2'
ARBA llevó ante la Justicia a 73 compañías por apropiación indebida, un delito que se encuentra tipificado en el Régimen Penal Tributario y por el cual los responsables pueden purgar de dos hasta seis años de prisión.
L a Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) denunció a 73 empresas por apropiación indebida de impuestos, un delito tipificado en el régimen penal tributario que contempla condenas de prisión de entre 2 y 6 años.
Gastón Fossati, director del organismo recaudador de la provincia de Buenos Aires, explicó que “estas firmas actuaban como agentes de recaudación del fisco bonaerense, es decir que debían percibir o retener fondos de otros contribuyentes como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.
“En los hechos, las empresas retenían ese dinero a los contribuyentes, pero luego no lo ingresaban en ARBA. De esa forma, se apropiaron indebidamente de impuestos por un monto que, en conjunto, supera los $102 millones”, detalló el titular del organismo.
Las denuncias penales fueron presentadas por la Agencia de Recaudación en distintos departamentos judiciales de la Provincia, conforme al domicilio donde desarrolla su actividad cada una de las empresas.
Para mejorar la eficiencia en el combate contra este tipo de delitos, ARBA firmó un convenio de colaboración con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, para capacitar a los agentes públicos de ambos organismos y coordinar las acciones.
Además, el ente recaudador puso en funcionamiento una dependencia específica dentro del área de Asuntos Jurídicos y redefinió sus procedimientos para dinamizar las denuncias.
Según puntualizó Fossati, “estos cambios nos posibilitaron quintuplicar durante el último año los montos reclamados en el marco de delitos tributarios, y agilizar de esa forma la restitución de recursos que pertenecen a todos los vecinos de la Provincia”.
La acción conjunta entre ARBA y la Procuración bonaerense prevé el intercambio de información de índole patrimonial, financiera, impositiva y comercial vinculada a personas físicas y jurídicas que se encuentran sujetas a investigación.
También comparten un sistema de alertas para identificar indicios de posibles delitos tributarios que se encuadren dentro del régimen penal previsto por la Ley Nacional Nº 27.430, que fue sancionada por el Congreso a fines del año pasado.