La consultora Focus Market elaboró un informe en el que analizó las distorsiones de precios, causados por la intervención del Estado en el mercado.
Bajo el título “Economía de las Distorsiones: Precios Relativos Post Balotaje. ¿Qué va a pasar?”, la consultora Focus Market elaboró un informe donde se muestran las distorsiones de precios, producto de la intervención del Estado en el mercado.
En el mencionado informe se ejemplifica que un kilo de yerba equivale a una factura de luz, una pizza vale lo mismo que 200 boletos de tren y un kilo de asado tiene el mismo valor que 1,5 boletas de gas subsidiado.
Según el trabajo, debido a los altos niveles de inflación y la regulación de precios de la economía, podemos encontrar muchos ejemplos de desfasajes importantes: un kilo de uvas equivale a 20 litros de nafta súper y un kilo de helado es igual a 115 boletos de colectivo.
Esto ocurre porque los alimentos suben por el ascensor mientras que las tarifas reguladas lo hacen por la escalera. Y así sucede desde hace muchos años, con lo cual las distorsiones se acumulan en un efecto bola de nieve.
“Por esto es que tenemos una completa distorsión de precios que en el mediano plazo termina ajustando por cantidades, por ejemplo, en el desabastecimiento de la nafta de las últimas semanas”, señaló Damián Di Pace, director de la consultora.
Para el experto, Argentina viene tomando como política pública desde hace más de 15 años la intervención en el mercado con la regulación de precios.
“Esto llevó a un mercado reducido con más altos precios sin abordar las causas fundantes de la inflación en nuestro país. Ningún bien o servicio que se lo desee en cantidad y calidad puede ser ofrecido a un precio por debajo de su valor ni subsidiado por encima de las posibilidades del gasto público”, consideró Di Pace.
Según este análisis, el programa Precios Justos es un claro ejemplo de la anomalía que se describe en el informe. “La distorsión artificial creada por programas como este, después de su última actualización, nos deja una brecha de más del 100% entre productos dentro y fuera del programa”, destacó.
El economista puso como ejemplo que un paquete de fideos o un kilo de tapa de asado en Precios Justos tiene un valor de $196 y $1616 respectivamente, mientras que en el supermercado de barrio se vende a $439 y $3409 mostrando así diferencias de 127% y 111% entre un punto de venta y otro.
Di Pace resaltó que, si bien el objetivo fue mantener los precios controlados, esa finalidad no se logró. Muy por el contrario, desde 2014 con diferentes nombres se viene interviniendo en los precios de los bienes de consumo masivo (precios justos, precios claros y hoy precios justos), pero sin embargo la inflación acumulada en ese mismo período fue de 4.659%.
Un claro ejemplo de estas distorsiones surge en el servicio de gas domiciliario: hoy el Estado mantiene una tarifa subsidiada en $2000, mientras que en un hogar en donde se paga la tarifa plena el valor asciende a $9800 por mismo consumo.
Pero si el hogar no tiene acceso al gas natural y usa garrafa (en amplias zonas de la Argentina así sucede, especialmente en poblaciones de bajos ingresos), deberá pagar un valor por unidad de $4100 y para el mismo consumo seguramente requerirá más que 1 garrafa mensual.
El mercado de alquileres también desnuda las distorsiones que existen para una misma vivienda entre el precio inicial y el de la renovación, producto de los riesgos y pérdidas para el propietario que genera la misma.
Tomando el caso de un departamento de 2 ambientes bajo la ley de alquileres su precio alcanza un valor de $120.000, mientras que, si se intenta renovar el contrato del mismo departamento, este tendría un valor de $250.000. Es decir que hoy la brecha equivale a más del 100%.
Para Di Pace, el mercado altamente regulado de alquileres “genera un problema mayúsculo para la demanda de inquilinos que no encuentran casa. Hay un problema sobre el stock actual de viviendas y un gran inconveniente hacia el futuro ya que los inversores se van retirando del mercado hacia plazas más estables y previsibles como Uruguay, Paraguay o Miami”.
Otro sector donde se verifican fuertes distorsiones es de la medicina privada donde el gobierno reguló el precio de las prepagas con aumentos y otra sin aumentos para los que cumplan ciertos requisitos de ingresos.
De esta manera, algunos usuarios están pagando $31.315 por su obra social mientras otros pagan $43.319 por el mismo servicio. “Esto ha llevado a que incluso los médicos de las obras sociales estén cobrando copagos para la prestación de sus servicios por colapso total de la situación económica y financiera de las empresas de prestación de servicios de la salud en los pagos a los profesionales médicos”, indicó el economista.
“Todos estos esquemas arrancaron como algo transitorio hasta lograr la baja de la inflación, pero nunca se cumplió, sino al contrario. A su vez, cada vez abarcaron a más sectores y rubros de la economía. Lo que sería transitorio se transformó en permanente. Donde no hay precio no habrá bienes en cantidad y calidad hasta llegar a su escasez”, cerró Di Pace.