Una negociación enmarcada por mensajes contradictorios

Ayer continuaron las negociaciones entre las partes: el gobierno busca desactivar un paro de 36 horas antes de la realización del G20, que había sido deslizado por la conducción de una central obrera debilitada por el alejamiento de gremios poderosos del Consejo Directivo, el mismo que hoy sesionará para debatir el asunto.

Es que Héctor Daer y Carlos Acuña, los secretarios generales vigentes, tienen como contracara el armado moyanista del Frente Sindical para el Modelo Nacional y, por otro lado, la CATT (que agrupa a los gremios del transporte), que el 15 de noviembre realizará su plenario y amenaza con medidas de fuerza.

Es en este contexto donde se realizó la reunión tripartita del martes, incluidas las cámaras patronales, en la que se definió el pago de un bono y un espacio de discusión para empresas que amenacen con despidos.

Sin embargo, hubo mensajes contradictorios -incluso desde el mismo gobierno- sobre el alcance del pago del adicional de $2500 con los sueldos de noviembre y enero.

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De hecho, el comunicado de Producción y Trabajo de anteayer rezaba que “la aplicación del bono se definirá de acuerdo a cada sector”.

Empero, ayer Dante Sica, el ministro y superior en teoría del ahora secretario laboral Jorge Triaca, declaró que el oficialismo propone que el bono “sea obligatorio para todos los sectores privados”, aunque aclaró que, tras la firma del decreto, trabajarán “en los casos particulares de las empresas que no lo puedan afrontar” con algún tipo de financiamiento. Es que muchas Pymes ya señalaron que no podrán hacerse cargo de esa erogación; para la UIA 6 de cada 10 empresas no podrán afrontar el adicional salarial.

Cerca de Triaca habían deslizado que el bono se pagaría de la misma forma que el otorgado por el oficialismo en plena corrida cambiaria, es decir, que se pagaría de acuerdo “a las posibilidades de cada empresa”. Con todo, el mensaje gubernamental resultó a todas luces contradictorio.

En paralelo, tal como publicó este diario en su edición del martes, el gobierno negocia el pago de un bono que estaría “por encima” de los $5 mil, según fuentes consultadas, para los casi 200 mil trabajadores de la administración pública nacional. Ayer Andrés Rodríguez, titular de UPCN, anticipó que como mínimo pedirán un bono de cinco mil pesos.

Según se pudo averiguar, el adicional se pagaría en diciembre y se anunciaría antes de fin de mes. Al igual que el bono destinado a los privados, se publicarían en el Boletín Oficial “en un par de semanas”.

Por ello ayer se realizaron reuniones entre funcionarios y sindicalistas para afinar la letra de los documentos citados.

Por la tarde un jefe sindical consultado admitió que estaban “discutiendo el texto” del decreto para los trabajadores privados y extrañamente, horas después de los dichos de Sica, indicó: “Aún no estamos de acuerdo” en su reclamo de hacer obligatorio el pago del mentado bono.

Mientras tanto, en el sindicalismo cada uno juega su juego. El moyanismo presiona para la realización de un paro y fue un factor clave para la salida de distintos jefes sindicales del Consejo Directivo de la CGT.

Y la cámara que agrupa a los gremios del transporte, la CATT, llevará a cabo el 15 de noviembre una reunión plenaria. En esa entidad talla muy fuerte el ex triunviro Juan Carlos Schmid, que propondría una protesta contra el gobierno.

Sin embargo, fuentes sindicales consultadas remarcaron que no habría consenso para un “paro con movilización”: sostienen que transporte automotor y ferroviarios no acompañarían una protesta de ese tenor.

En tanto, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) -que integra la CATT y se acercó al moyanismo- se movilizará hoy desde las 11.30 al edificio de FlyBondi, ubicado en Esmeralda 950, “en rechazo a las prácticas antisindicales, persecución laboral y el despido de una empleada tras haberse afiliado al sindicato que representa a los tripulantes de cabina de Argentina”.