El Gobierno anunció la cesión de algunos de los casi 80 mil bienes que posee el Estado a ministerios y organismos destinados a las políticas públicas de producción y empleo previstas en el plan de reactivación post pandemia. De alguna manera, constituye otra respuesta a las críticas internas de sectores afines al kirchnerismo que cuestionan la presunta inacción de algunos ministros y disparan versiones sobre futuros cambios de gabinete.
Ayer en Casa Rosada el jefe de Gabinete Santiago Cafiero encabezó la primera reunión del denominado Gabinete de Tierras tendiente a impulsar el desarrollo agropecuario, parques industriales y el plan Procrear que se articulará en todo el país. Durante el encuentro se decidió que bienes estatales que se encuentran en la órbita de la AABE (ex ONABE) y sean destinados a las carteras ministeriales, cumplan con el objetivo de mantener las propiedades del estado en una finalidad del desarrollo social y establecido en las necesidades específicas de cada una de ellas.
En esta línea subrayaron como prioridades el desarrollo agropecuario de las tierras, como así también el emplazamiento de parques industriales y la construcción de viviendas a través del plan Procrear.
Hasta ahora la AABE, que depende de Jefatura, había mantenido un bajo perfil cediendo unos pocos terrenos para la atención de la pandemia. De acuerdo al balance de gestión del macrismo, el organismo administra casi 80 mil inmuebles y una flota de casi 26 mil vehículos oficiales en todo el país.
Ayer estuvieron en el despacho de Cafiero dos de los funcionarios apuntados por sectores del Frente de Todos: la ministra de desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa y el titular de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. A la funcionaria santafesina se la critica por la baja ejecución de su cartera, pero ahora apuestan a levantarle el perfil con el relanzamiento del Procrear.
Al ministro Arroyo, en tanto, aún se lo cuestiona por tener un "ministerio loteado" y por el escándalo de compras de alimentos por encima de los precios máximos. Con todo, el funcionario ha venido tejiendo vínculos con organizaciones sociales para fortalecer el plan Potenciar Trabajo y desde ese paraguas canalizar la renta universal que se espera reemplace a una parte del IFE en la postpandemia.
Cerca de Alberto Fernández rechazan los cuestionamientos y el "fuego amigo" de sectores cercanos a Cristina Kirchner. Pero no descartan cambios cuando todo se normalice. "No creo que haya cambios de gabinete hasta que termine la pandemia", dijo ayer a este diario un funcionario cercano al jefe de Estado.
Es que la pandemia ha obligado al Ejecutivo a concentrar el foco de atención en lo sanitario y recién desde hace un par de semanas se comenzó a hablar de "plan de salida" en pos de recrear la confianza. Otro de los ministros cuestionados es Claudio Moroni, el titular de Trabajo y de estrecho vínculo con Fernández desde los años `90, cuando ambos coincidieron en la Superintendencia de Seguros.
Lo ha criticado elípticamente Máximo Kirchner por haber avalado el convenio CGT-UIA que reduce el sueldo de los trabajadores licenciados y también el ex diputado Héctor Recalde, que lo acusa de mantener en la planta de la cartera de avenida Alem a secretarios que venían de la gestión macrista.
Dentro de Desarrollo Productivo hay un funcionario al que algunos integrantes del oficialismo hace tiempo ven "de salida" del gabinete: es el secretario de Energía, Sergio Lanziani, que mantiene pujas internas desde febrero pasado y mantiene roces con su superior, el ministro Matías Kulfas.
Empero, en las últimas horas el funcionario, que no concurre a la oficina del Palacio de Hacienda sino a la sede de Nucleoeléctrica, filtró un ambicioso Programa Quinquenal de Infraestructura en Energía, que prevé la construcción de gasoductos, nuevas redes eléctricas y de Atucha 3, y ofició reuniones virtuales con intendentes del Conurbano.