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Si bien no se hizo lugar al allanamiento pedido por el 10, se citará a su ex a comparecer por el reclamo de objetos personales de Diego, quien ayer pidió además “nulidad de la división de bienes” de 2003 para hacer otra.
La pelea entre el astro Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe sumó ayer un nuevo capítulo con el rechazo de la Justicia a un pedido del ex futbolista para que se pueda realizar un allanamiento en la casa de su ex mujer y así poder recuperar objetos de valor sentimental, como camisetas de fútbol, de su época de jugador.
No obstante, a instancias de los abogados del 10, el fiscal Maiques envió ayer una citación a Claudia para comparecer en el juzgado, situación menos traumática y mediática que la del allanamiento. Y allí se verá cómo se produce -si corresponde- la restitución de los objetos que Diego reclama.
Maradona había realizado el pedido del allanamiento y secuestro de objetos de valor sentimental en poder de Villafañe, a quien denunció por "retención indebida".
La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional no hizo lugar al planteo de Maradona y confirmó la decisión de la jueza de primera instancia, Karina Zucconi.
El fallo fue firmado por los jueces de la Sala Cuarta de la Cámara, Alberto Seijas y Mariano González Palazzo, quienes argumentaron que la decisión tomada en primera instancia no forma parte de aquellas que pueden ser objeto de recurso de apelación. Al apelar la negativa de la jueza de primera instancia a disponer el allanamiento y secuestro solicitados por el astro, el abogado Matías Morla, representante legal de Maradona, sostuvo que "no conforman el universo de aquellas decisiones contra las cuales torna procedente la vía recursiva".
Por otra parte, Diego Maradona puso en marcha su batalla final: a través de su equipo de abogados presentó ayer un escrito por el cual va directamente por los bienes que su ex, Claudia Villafañe, adquirió con lo que él considera parte de sus activos. De esta manera se solicitó ante la Justicia la nulidad de la división de bienes que se llevó a cabo en 2003, al momento de efectivizar el divorcio, ya que considera que hubo propiedades -cuya existencia se reveló en forma reciente- que no estuvieron contempladas en dicho trámite. Por ello se argumentó que su voluntad "ha sido viciada por dolo o fraude" cuando prestó su consentimiento.