La sorpresiva publicación del martes en el Boletín Oficial del nuevo reglamento sobre la violencia en los espectáculos deportivos y la reunión fuera de agenda con funcionarios y autoridades de la AFA ese mismo día contribuyó a que las sensaciones de la novedad fueran disímiles. Lo único festejado es que el derecho de admisión no dependerá obligación de los clubes, sino del Estado.
Esa y las novedades que se reglamentarán serán coordinadas por el ministerio de Seguridad de Nación, apoyado con los gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, quienes articularán con las fuerzas de seguridad correspondientes, tanto para los partidos que se organicen a nivel local, o aquellos que estén bajo el espectro de FIFA y Conmebol.
“Nos tomó por sorpresa, casi en paralelo a que nos enterábamos, averiguamos si había algo previo que desconocíamos charlado con el comité de regularización”, admitió un directivo que aún no tiene cargo en la nuevo cuadro jerárquico de la AFA y espera por su nombramiento “para hablar de cuestiones institucionales”.
El decreto se apoya en la recordada -y poco llevada a la práctica- ley De La Rúa, promulgada en la década del 90 que castigaba a los responsables de desmanes con la prohibición de asistir a estadios, con presentación en la comisaría de su domicilio. Pero la nueva norma no sólo tiene por propósito velar por la prevención, sino prever “la utilización óptima de las instalaciones, el equipo y los materiales destinados al deporte y la actividad física en general”. Traducido, podrán bajarle el pulgar a un estadio y obligarlo a aggiornarse.
“Eso es lo mismo que el sistema de licencias: es un avance sobre las asociaciones civiles, pedirle a los clubes una serie de reformas, que demandan dinero, para poder habilitar el estadio. Si no, no habilitan y hay que alquilar una que cumpla con las condiciones, que también demanda dinero. En definitiva, todo es plata y los clubes en su gran mayoría no la tienen”, analiza Mario Giammaria, presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol.
“Yo entiendo que es una manera más federal de organizar el tema. Antes del decreto, en definitiva los organismos de seguridad habilitaban las canchas. Coprosede, Aprevide hacían una inspección en los estadios y los habilitaban o solicitaban reformas. Creo que esto nos libera a nosotros de armar una lista de personas que no pueden ingresar a los estadios y el Estado se responsabiliza”, distingue el presidente de Defensores de Belgrano, Marcelo Achille.
Lo inesperado del decreto puso a algunos en guardia y a otros expectantes. Las próximas reuniones -serán no menos de cuatro en AFA y varias descentralizadas por provincias-, irán contrarreloj para aplicar el nuevo protocolo en el próximo campeonato. En el entorno de Tapia, creen que es la llave para que vuelva el público visitante, una meta de su gestión.
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