El presidente de la Federación de Entidades de Combustibles, Juan Carlos Basílico, consideró ayer que el Gobierno y las petroleras “tienen que ponerse de acuerdo” luego de las elecciones legislativas de octubre, para “no aumentar los precios de los combustibles hasta el año que viene”.
“Si vuelven a subir los precios de los combustibles este año, las ventas -que en estos meses habían recuperado unos pocos puntos- volverán a caer, afectando la rentabilidad de las estaciones de servicio”, sostuvo el dirigente.
Además, Basílico rechazó la decisión del Gobierno de liberar el precio de los combustibles desde 2018: “con una medida así, habrá que ver quién de todos los empresarios del sector quedarán en pie. Se corre el riesgo de que se acentúe aún más la ya escasa rentabilidad de los negocios”, dijo.
Y añadió que “las autoridades deberán saber que no puede darse una apertura indiscriminada de precios cuando YPF, a través de su red de operadores, controla el 55% del mercado, con precios definidos por la compañía”.
“Si hoy el mercado de combustibles líquidos está intervenido por YPF y su controlada Opessa mediante su red consignada, difícilmente pueda hablarse de liberalización del mercado, a menos que el mismo Estado nacional limite la intervención directa de la petrolera en el mercado minorista para que deje de abusar de su posición dominante”, enfatizó el dirigente, en un comunicado.
A su criterio, “si no se aprueba la ley de comercialización de combustibles líquidos, las PyMEs quedarán en peores condiciones que ahora, ya que se favorecerá aun más la posición dominante de las estaciones de servicio propiedad directa de las petroleras”.
En tanto Manuel García, de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI), señaló que “la anunciada liberación de los precios de los combustibles significa que el Estado se retirará del mercado, dejando que las petroleras privadas fijen el precio a voluntad”.
En ese sentido García consideró que “el monopolio estatal es malo, pero el oligopolio privado es peor. Acá no tenemos un mercado de competencia perfecta, sino cuatro empresas que manejan todo”.
“Este esquema de precios libres a la alza favorecerá a las petroleras y al Estado, que grava con impuestos el 60% del precio, pero perjudicará al consumidor y a los expendedores”, advirtió. García explicó que la suba de precios va a provocar quebranto a las estaciones de servicio y un cierre masivo.
“El expendedor va a necesitar un mayor capital operativo porque el combustible se paga por adelantado”, indicó.
Las empresas petroleras aún no decidieron qué postura tomarán ante el interés del gobierno nacional de postergar los eventuales aumentos de combustibles que surjan de la revisión de precios comprometidos para el primero de octubre próximo, como ya ocurriera a comienzos de abril y julio pasado.
El gobierno nacional dejó trascender su expectativa de que las empresas posterguen la implementación de los aumentos para después de las elecciones del 22 de octubre, de manera de evitar ruidos políticos en lo que consideran una instancia clave para la continuidad de las políticas implementadas desde diciembre de 2015 en adelante.
“Las empresas tendrán que analizar si deciden acompañar este momento y adoptar una postura que no sume ruido político en una instancia electoral”, afirmó una alta fuente gubernamental al recordar que la decisión es parte de un acuerdo productoras de crudo y las refinadoras firmado a comienzos de año.
Pero tampoco hay certezas hasta el momento de que la ecuación aplicable para determinar la evolución de precios impulse la nafta y el gasoil al alza, ya que habrá que cotejar en la última semana de septiembre el precio del dólar tras su caída post PASO, el valor del barril internacional estabilizado en torno a los 50 dólares, y de los biocombustibles y su reacción tras las trabas implementadas por Estados Unidos a la producción local.
La intención del gobierno es que un eventual incremento de las naftas y el gasoil no incida en el tramo final de la campaña electoral.