Andrés Scagliola: "En Uruguay estamos convencidos de que no hay que retroceder ni un paso en el avance y consolidación de los derechos LGBTI+"

En lo que va del siglo XXI, la República Oriental atrevesó un proceso de reconocimiento de derechos del colectivo LGBTI+ que, en base a políticas públicas y a la creación de una agenda que sigue los lineamientos necesarios para el trabajo y ampliación de las mismas, significaron un gran avance en la vida de las personas del colectivo.

Entre las medidas principales, se encuentran el Matrimonio Igualitario, la Ley Integral para personas Trans, la implementación de políticas económicas y laborales destinadas a la comunidad travesti-trans, sin dudas la más vulnerada históricamente hablando, como lo es, por ejemplo, la Tarjeta Uruguay Social para Personas Trans, la creación del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, entre otras.

Y también tiene su fiesta. Es que todos los meses de septiembre, el país celebra el “Mes de la Diversidad”, 30 días en donde se celebra el orgullo y se recuerda la memoria de aquellos pioneros que iniciaron la lucha por el reconocimiento de derechos. Un mes que tiene como broche las habituales Marcha de la Diversidad en Montevideo, que este año tuvo de consigna “Al closet nunca más”, y de la que, con coordinación de la propia Intendencia, participan más de una quincena de organizaciones de la sociedad civil y cientos de miles de personas que copan las calles de la capital uruguaya.

Andrés Scagliola, Coordinador de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo y ex Director Nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) durante el gobierno de José Mujica, entre 2010 y 2015, dialogó con POPULAR.

Una charla sobre la historia del Mes de la Diversidad, el trabajo en materia de políticas públicas, principalmente enfocadas en el colectivo trans, y la lucha contra el LGBTodio y el fascismo resurgiente en América Latina debido a la injerencia de la iglesia evangelista en la política y el crecimiento en popularidad de “los Bolsonaros”.

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POPULAR: Septiembre es, históricamente en Uruguay, el Mes de la Diversidad y cuando se realiza la emblemática Marcha de la Diversidad. ¿Cuál es la historia de ambas movilizaciones, tanto sociales como políticas?, ¿cómo se planifica?

Scagliola: La génesis del Mes de la Diversidad se dio originalmente allá en los años '90. Lo que comenzó como la Marcha del Orgullo, cuya primera edición fue, de hecho, en Montevideo, en 1992, el movimiento social decidió trasladarla a septiembre y, de alguna manera, resignificarla como la Marcha de la Diversidad, que hoy reúne a cientos de miles de personas. Con esto, pasó de ser solamente un día a una semana entera y, finalmente, se concretó la idea de un Mes de la Diversidad, idea que nació en 2008 desde la Intendencia. Desde entonces, coexisten tanto la marcha, que es organizada por los colectivos LGBTI+, y el Mes de la Diversidad, que es una campaña impulsada por el municipio y que ahora se lleva a cabo a nivel nacional. Todo esto se vincula pero al mismo tiempo son dos cosas distintas.

Tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil se articulan de una forma virtuosa porque, de alguna manera, la lucha es la misma más allá de los lugares que uno ocupa. Esto lo que marca es una identidad total con respecto a cuál es la propuesta. En Uruguay estamos convencidos de que no hay que retroceder ni un paso en el avance y consolidación de los derechos del colectivo LGBTI+. En los últimos años, no solo se vieron avances jurídicos sino también institucionales y de políticas públicas. Y eso es muy importante y trascendental en un país que busca no retroceder, más en el contexto de elecciones en el que estamos viviendo, donde todo eso es un poco lo que se está jugando.

P: ¿Cómo analizas vos, a nivel personal, que hoy, 27 años después de esa primera marcha, de la que participaron un puñado de personas, sea el Estado el que se involucre con esa lucha y haga los esfuerzos que actualmente se hacen para generar agenda, visibilización y articulación junto a las organizaciones de la sociedad civil para la creación de políticas públicas?

S: Es algo por lo que hay que agradecerle a aquellos pioneros, a los movimientos sociales y aquellas personas valientes que salieron a la calle. Hay una foto icónica en la Plaza Libertad de Montevideo con una bandera con la consigna “Basta de Discriminación” firmada por H.U., Homosexuales Unidos, la organización pionera en salir y llevar la lucha al espacio público. Y eso fue determinante. Hay que darle eterno honor y reconocimiento a esas personas que tuvieron el coraje de darle visibilidad a algo que en ese entonces existía en el ámbito más privado y hasta en lo oculto; estoy seguro que ellos no imaginaban lo que sucedería después. Ese fue un momento fundamental y el punto clave en el cual podemos empezar a contar la historia de la lucha y los movimientos sociales del colectivo LGBTI+ en Uruguay.

A partir de ahí, se dio una transformación muy importante también con lo que tuvo que ver con la propuesta, la idea del orgullo y la visibilidad que, con el tiempo, fue construyendo políticamente otra propuesta, que es la idea de la diversidad, que le permitió no sólo salir a la calle si no articular otro conjunto de demandas. Hoy la Marcha de la Diversidad de Montevideo no es el típico desfile o Marcha del Orgullo sino que es mucho más, articula las demandas del colectivo LGBTI+ pero, a su vez, de los colectivos afro, de los jóvenes, de los estudiantes y se posiciona frente a propuestas políticas como las que se van a definir en las próximas elecciones, entre otras cuestiones. Hubo una construcción desde el movimiento social que fue del orgullo a la diversidad. Obviamente todos y todas somos orgullosos de quienes somos pero se entendió que políticamente había que construir algo más, más allá del mismo movimiento LGBTI+ y articular con otros movimientos, en una idea que claramente hoy tiene nombre y que se llama construir desde la interseccionalidad, reconocer que las identidades son múltiples y que todas las luchas igualitarias tienen que estar de la mano. Que la lucha de cualquier persona que sufra discriminación es también la nuestra.

Con el tiempo, las instituciones se fueron plegando a la lucha de las organizaciones sociales. Primero fue la intendencia de Montevideo y después fue el gobierno nacional. Y, en mi parecer, en todo eso tuvo mucho que ver el acceso a esas instituciones del Frente Amplio, de la izquierda en Uruguay, que de alguna manera sirvió y supo ser canal de las demandas del colectivo LGBTI+. Pero, y hay que decirlo, no siempre la izquierda fue hospitalaria e incorporó con fuerza la propuesta del movimiento, hubo un proceso de apertura que fue gradual, que se dio con el tiempo. El primer espacio público en reconocer que esto era una temática política y que, por lo tanto, tenía que ser parte de la agenda fue la Intendencia de Montevideo, que desde principios de la década pasada empieza a apoyar lo que es la demanda de los movimientos. El 2 de febrero de 2005, Montevideo cómo ciudad inaugura, junto a Uruguay como país y Estado Nacional, la primera Plaza de la Diversidad de América Latina, que creo que fue una señal muy potente que dio la ciudad. A partir de 2010, más allá de los avances legislativos, se empezaron a dar avances potentes en materia de políticas públicas. Todos sabemos que el reconocimiento de derechos desde el punto de vista normativo es clave, pero si no hay medidas efectivas y voluntad de las instituciones en defender, garantizar y ampliar esos derechos, puede pasar que esos estén escritas en un papel pero que en la vida real no sean visibles.

Para ponerlo en síntesis, hay un camino que comienza con las organizaciones sociales y, que desde lo institucional, se fue plegando y recorriendo a medida que el Frente Amplio ocupó cada más espacio, primero en el gobierno de la ciudad y después a nivel nacional, y que eso se terminó concretando con la creación de leyes y políticas públicas concretas qué es algo a resaltar.

P: ¿Cómo es el panorama actual en materia de políticas públicas y en cuando a la defensa y ampliación de derechos relacionados a la diversidad sexual y de género en Uruguay?

S: En lo que hace a políticas públicas, existe hoy un compromiso del gobierno de la ciudad a través de acciones concretas. A partir del 2010, el Ministerio de Desarrollo Social, más allá de que se venían hacen acciones específicas en distintas partes, empieza articular una política pública real que tiene, en el centro de su preocupaciónes, y esto lo conozco bien porque me tocó estar en ese MIDES durante el gobierno de José Pepe Mujica, a las personas trans, sabiendo que la lucha era de todo colectivo LGBTI+ pero que las personas más vulneradas eran, y son, aquellas que habitan una identidad de género disidente.

A partir de ahí se empieza a generar una agenda para la comunidad LGBTI+ pero siempre poniendo mayor foco en las personas trans, de la que hubo, por ejemplo, tres acciones claves: la capacitación y formación del conjunto de trabajadores e integrantes del Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a qué es la diversidad sexual y de género; el poder acompañar a las personas trans en el cambio de su documentación, a partir de la posibilidad de brindar desde el estado abogados y facilitando el proceso pagando el transporte, por ejemplo, teniendo en cuenta que era un trámite relativamente complejo; y la más clave e inclusiva de todas, una transferencia mensual económica que se llama Tarjeta Uruguay Social para personas trans que, básicamente, es la puerta de entrada al sistema de protección social en Uruguay, una medida ya llegaba a los hogares más vulnerables del país y de la que las personas trans en su momento eran excluidas, algo que hizo que cambiara el panorama para las personas trans en todo el país, que antes los únicos rostros que veían por parte del Estado era de la policía y el servicio médico, y ahora veían la voluntad política para cambiar esa realidad. Con esto último lo que se generó también una base de datos muy importante, para saber en qué condiciones vivía la población para, en base a eso, generar políticas públicas más efectivas. Todo eso fueron generando, a su vez, muchas acciones y más avances en cuanto a derechos.

Esas acciones del gobierno de Mujica, y de aquel Ministerio de Desarrollo Social, continuaron y se profundizaron después con el gobierno de Tabaré Vázquez, dándose así la creación de la Ley Integral para Personas Trans el año pasado. A partir de esta última se logró que el cambio de documentación sea un trámite administrativo y no judicial, que las personas que sufrieron violencia en el pasado en la dictadura o en los primeros gobiernos democráticos puedan acceder a una prestación reparatori, la consagración del cupo laboral en el Estado y las becas educativas y, obviamente, el seguir garantizando el acceso a la salud. Una ley súper comprensiva, creo yo de las leyes más importantes en este sentido en América Latina; no conozco otra igual pero que, de alguna manera, reconoce este proceso histórico, toda la lucha social que puso este tema en agenda, y también consagra y reafirma el pliego del Estado en todo este camino, acompañando y generando políticas públicas. Sin embargo, pese a todo, hoy la población sigue siendo la más vulnerable y todavía nos falta mucho trabajo por delante. Pero el respeto y reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI+ se ha convertido en política de Estado.

P: ¿Cómo viste lo ocurrido con el intento del diputado Carlos Iafigliola de querer derogar la Ley Integral para Personas Trans, aprobada en el Parlamento en 2018? ¿Es el bajo apoyo que tuvo este prereferendum una prueba del cambio paradigmatico que se vive a nivel social pese a los intentos de algunos antiderechos de resistir con la implementación de políticas públicas?

S: Por supuesto. La comprensión de que en este proceso histórico las personas trans debían ser prioridad, tanto a nivel institucional como a nivel social, cómo se vio en Uruguay, es algo que no ví en ningún país de Latinoamérica en la historia. Y esta ley, más allá de que es para un colectivo específico como el trans, la hemos vivido como una ley que nos involucra a todos, a todas y a todes, y que tiene que ver con algo más que el mero reconocimiento de derechos, sino con el avance de los Derechos Humanos y una medida igualitaria fundamental en un contexto de América Latina donde el amparo, el discurso combativo contra la supuesta “ideología de género” o el rechazo a los derechos humanos básicos es muy hostil, sobretodo para las personas trans. Algo que, de igual manera, no es raro de ver, ya que el continente siempre ha sido el que más ha violentado las personas trans, pero la madurez que ha tenido y tiene el movimiento social en Uruguay es algo que hay que destacar y mucho.

Y es por todo esto que siempre hubieron intentos de evitar la consolidación de esta ley, que lo tiene Iafigliola como la representación política de los antiderechos y la iglesia neopentecostal, y digo esto porque hay comunidades de fe que han apoyado la ley. Pero también tuvo entre sus apoyos a un movimiento político bastante reciente, pautado por el liderazgo de quien fue Jefe del Ejército en Uruguay, que es Guído Manini Ríos, que se presenta hoy a elecciones como candidato de presidente, y que tienen una intención de votos de aproximadamente el 10%. Esto hay que remarcarlo porque todas las personas que fueron a votar a ese prereferéndum para que se elimine la Ley Integral para Personas Trans muestra la existencia en Uruguay de una coalición reaccionaria que, de alguna manera, se visibilizó, y que no tiene que ver sólo con las iglesias evangelistas sino que, también, tiene una expresión que políticamente se materializó en un partido, que es Cabildo Abierto, y que está teniendo un apoyo significativo de cara a las próximas elecciones del 27 de octubre.

Por eso hay que decir que es cierto que no alcanzaron el 25% necesario para que se realice un referéndum, pero consiguieron un 10%, que no deja de ser significativo en un país que, de alguna manera, se ve, tiene una mirada mucho más progresista que lo que finalmente quizás sea a nivel social. Y esto lo digo porque abre un signo de interrogación de cuál es el espacio de la derecha más conservadora y rancia en Uruguay. Ser un 10% evidentemente sigue siendo una minoría, pero yo no subestimaría la potencialidad de ese espacio con todo lo que significa y con lo que viene proponiendo en relación a las agendas más conservadoras y al combate a lo que ellos llaman la “ideología de género”, que no son más que los derechos del colectivo LGBTI+. Esa coalición está ahí y él prereferéndum lo hizo visible. Esto es algo que me genera preocupación porque es un espacio que construye discurso, por un lado militarista y por otro antiderechos.

Entonces, para resumir, la alegría de que la ley se ratificara, porque no consiguieron su objetivo, que, sin lugar a dudas, en otros países de Latinoamérica lo hubiesen alcanzado, pero la preocupación de que una minoría importante de Uruguay compre este discurso reaccionario y que puedan tener, como seguramente va a ocurrir tras las próximas elecciones, una expresión importante en el próximo Parlamento.

P: Desde Uruguay, ¿cómo ves el avance de la derecha y los discursos de odios en la región, donde los gobiernos conservadores, los "Bolsonaros" y la creciente intromisión de la iglesia evangelista en la política amenaza los derechos del colectivo LGBTI+? ¿Es inimaginable esto en Uruguay?

S: Hoy en día se vive en América Latina una situación más que preocupante. Está gobernado en buena parte por partidos conservadores y de derecha. Y esto amenaza la consolidación de derechos y políticas públicas del colectivo LGBTI+. Pero más que nada se vive un momento contradictorio, si nos ponemos a analizar, porque coexiste un presente en el que los movimientos sociales están más que fortalecidos y empoderados, en términos de su capacidad y la posibilidad de generar condiciones sociales y políticas que buscan avanzar, y, por otro lado, un viraje de gobiernos hacia la derecha que, de alguna manera, se oponen a todas posibilidades de avance y desarrollo.

Creo que hay una construcción a nivel regional que está muy bien financiada y que ha encontrado en esto del combate a la supuesta “ideología de género” y los derechos LGBTI+ una consigna que les unifica, y que ya no los transforman en una corriente meramente conservadora sino en reaccionaria. Por eso las expresiones que se han visto en distintos lugares van más allá del conservadurismo y se transforman en lo que perfectamente se puede llamar como un movimiento fascista, extremista y antiderechos. Esa construcción de coaliciones está en marcha distintos países.

Obviamente Uruguay se caracteriza por ser un país relativamente laico, que tuvo una temprana separación de la Iglesia y el Estado y donde existen valores democráticos firmes, por lo que, alguna manera, se atenúa el impacto de esta corriente a nivel regional. A mí me preocupa muchísimo la influencia que está teniendo la Brasil de Bolsonaro en la región, porque lo que ocurre ahí es básicamente la institucionalización de los discursos de odio, homofóbicos y transfobicos. Pero eso no quiere decir que no esté presente en Uruguay, nosotros no estamos exentos tampoco de contradicciones, de una parte de la sociedad que quiere evitar el avance, y vamos a tener que seguir dando lucha política, por un lado, y cultural, por el otro.

De alguna manera vamos a ver cómo queda el panorama político después de las elecciones, si la izquierda sigue en el gobierno y qué fuerzas, a su vez, van a tener las expresiones políticas más fuertes en el Parlamento. En este marco, las ciudades como Montevideo son espacios que pueden dar mucho en términos de resistencia y de articulación con el movimiento social, que culmina en la construcción de políticas públicas efectivas. Las ciudades no son solamente aglomeraciones urbanas, sino construcciones de identidad, de sentido de pertenencia y de política. Las calles de las ciudades fueron pioneras en la lucha por los derechos del colectivo LGBTI+ y, nuevamente, van a ser claves en el futuro.