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Ambas defensas solicitaron la nulidad de la junta médica en una audiencia virtual y ante un Tribunal que tiene que definir si los ocho acusados van o no a juicio por homicidio.
El neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los ocho imputadas por la muerte de Diego Armando Maradona, pidieron no ir a juicio y que en el marco de la causa se realice una nueva junta médica.
El pedido de Cosachov estuvo a cargo de Vadim Mischanchuk, su abogado, quien ante la Cámara en lo penal de San Isidro hizo el reclamo en una instancia donde el Tribunal tiene que definir si ella y los otros siete imputados, entre ellos el neurocirujano Luque, van a juicio.
Luque lo hizo a través de su abogado Julio Rivas, quien además reclamó la nulidad de la primera junta médica y el cambio de calificación legal.
El delito que se les imputa es de homicidio con dolo eventual, esto es que Maradona podía morir a raíz de la deficiente atención médica que recibía, en un contexto de adicción de alcohol y drogas, y nada hicieron para evitarlo.
Además, la fiscalía de San Isidro tuvo en cuenta una junta médica de policía científica de la Provincia de Buenos Aires que estableció que la atención de los médicos fue deficiente, paupérrimo, que era algo previsible la muerte de Maradona y nada se hizo.
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Además de los dos ya mencionados, los otros cinco imputados que tiene la causa son el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41); el enfermero Ricardo Omar Almirón (39); la enfermera Dahiana Gisela Madrid (38) y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).
El equipo de tres fiscales que compuso especialmente para esta causa compleja el fiscal general de San Isidro, John Broyad, y que está integrado por sus fiscales generales adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, los acusó a los ocho como coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”, con pena de entre 8 y 25 años de prisión.
Hace ya casi ocho meses que el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, luego del requerimiento del equipo de fiscales que instruyó la causa, elevó el expediente a juicio oral, pero las defensas de los ocho imputados apelaron aquella resolución y desde entonces la causa está bajo el análisis de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.
Recién si la Cámara de San Isidro confirma todo lo actuado en la instrucción, la causa ira a sorteo para designar al Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro que deba juzgar, no antes del segundo semestre 2023, según las estimaciones, a los acusados.