El reclamo de electrodependientes se muda a Córdoba

La iniciativa, que se encuentra en manos del presidente de la Comisión de Salud, Daniel Passerini, que es médico y entiende las consecuencias que traería a estos pacientes no tener garantizado el servicio, pretende otorgarles a los electrodependientes una tarifa social, aunque el porcentaje de descuento estaría relacional a los ingresos económicos de cada familia.

Según informa la AAdED Córdoba, en la provincia mediterránea viven unas 400 familias en las que algunos de sus miembros dependen del suministro eléctrico para poder vivir.

Una vez más, los integrantes de esta asociación volverán a reunirse hoy con los diputados cordobeses para tratar de convencerlos de que “no sancionen una ley que retrocede 5 años” y que de aprobarse consideran que sería inconstitucional, “ya que una ley provincial nunca puede ser inferior a una nacional, si en cambio superior”.

Simultáneamente, lanzaron una campaña de concientización bajo la consigna “Se corta la luz, se apaga la vida”, con el pedido a los representantes de la Unicameral para que legislen y adhieran a la normativa nacional.

¿Habrá que mudarse?

Nora Perelló y Flavio Albarracín, integrantes de AAdED que luchan por la adhesión a la Ley Luz Para Ellos, creen que su hijo “tuvo la mala suerte de nacer electrodependiente en Córdoba” y cuestionan a los legisladores si será necesario “que nos mudemos a Buenos Aires para que Máximo –su hijo- tenga una buena vida”.

En ese sentido, recordaron que hace quince días, sufrieron en su hogar, ubicado en Villa Parque Siquiman, un corte de luz que se prolongó durante cinco horas, el cual afectó la salud de “Torito”, como apodan al niño.

Máximo padece de dos patologías, una onfalocele y una hernia diafragmática y también una enfermedad hipertensión pulmonar arterial primaria, la cual obliga a mantenerlo con respiración asistida permanente.

Otra hecho que indigna a las familias es la actitud de la distribuidora EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) que se niega a brindar el servicio gratuitamente a los electrodependientes, pero sí lo hace con sus empleados.

Un retroceso

El proyecto que está en estudio en la cámara baja es similar al que tenía la provincia de Buenos Aires desde 2013, y que fue derogado entendiendo la premisa de garantizar y ampliar derechos, e igualarlo, a través de la adhesión a la Ley nacional, sancionada en el mes de abril por el Congreso de la Nación y que ya cuenta con la adhesión de 11 Provincias.

“La iniciativa en estudio está planteada desde la perspectiva asistencialista y nosotros planteamos que es una cuestión de derechos. El derecho a la salud y el derecho a la vida deben estará garantizados independientemente del ingreso mensual de la familia”, subrayó Mauro Stefanizzi, miembro de AAdED.

Así, sostiene que “tal como establecen tratados internacionales con jerarquía constitucional, ‘las personas con discapacidad no pueden ser vistas como objetos de políticas caritativas, sino como sujetos de derechos humanos’, este es el gran nudo de la cuestión”.