General |
2'
Los comerciantes llevaron adelante un corte parcial y se vivieron momentos de tensión, ya que estuvieron rodeados por un fuerte operativo de seguridad
Un grupo de vendedores ambulantes que fueron desalojados de las veredas del barrio porteño de Balvanera hace más de dos meses se instalaron en Plaza Once, en la intersección de las avenidas Pueyrredón y Rivadavia, para reclamar al gobierno local que “legalice” su actividad y fije el lugar donde funcionará el predio para los manteros censados.
Los comerciantes llevaron adelante un corte parcial y se vivieron momentos de tensión, ya que estuvieron rodeados por un fuerte operativo de seguridad integrado por efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Espacio Público porteño, que buscó evitar que hagan el piquete de forma total en cualquiera de las dos arterias cercanas a la estación de ferrocarril Once.
“Hace diez días, habíamos instalado otra carpa en la avenida Rivadavia, con carteles y mensajes para el jefe de gobierno (porteño, Horacio Rodríguez Larreta), pero a la 1 de la mañana unos 50 policías vinieron y desalojaron a los tres compañeros que mantenían la protesta”, confió Omar Guaraz, miembro de la organización Vendedores Libres.
Guaraz acusó al gobierno de “no cumplir con nada de lo que se comprometió a hacer cuando firmamos el acta para irnos de la calle, después del desalojo” y apuntó que “la única solución a este conflicto es la legalización de la venta ambulante”.
Fuerte operativo
El último 10 de enero fueron desalojados con un fuerte operativo policial los vendedores ambulantes que colocaban sus mantas o puestos en las veredas de las calles cercanas a la estación de Once, lo que provocó incidentes, que derivaron en cortes de calles y protestas en reclamo de sus mercaderías y un permiso para continuar con la actividad.
Tras varias jornadas de conflicto, el gobierno de la Ciudad acordó que las personas desalojadas serían censadas para luego poder instalarse con sus mercaderías en un predio que determinaría el gobierno porteño y el otorgamiento de un subsidio mensual de más de 11 mil pesos durante dos meses como contraprestación a la realización de un programa de capacitación a cargo de la CAME a los ya censados.