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La solicitud al magistrado es para que habilite la instancia de salvataje y le dé continuidad a la petrolera, bajo esta forma jurídica. En la planta trabajan 450 operarios.
Los trabajadores de Oil Combustibles le pidieron al juez que tramita el concurso preventivo de la principal compañía del Grupo Indalo que habilite la instancia de salvataje y le dé continuidad a la petrolera, bajo la forma jurídica de una cooperativa de trabajo, informaron fuentes gremiales.
Los empleados de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Souza buscan evitar la quiebra de la firma, "cuyas consecuencias pueden resultar nefastas para los trabajadores", señala el escrito al que accedió la agencia Télam.
"Nosotros creemos que la cooperativa le da el andamiaje jurídico necesario para los que dicen que quieren invertir en la empresa", dijo a esta agencia Héctor Brizuela, secretario legal de la federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh).
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La presentación se ampara en el artículo 48 bis de la Ley de Quiebras, que facilita el camino de la continuidad de las unidades productivas fallidas en cabeza de cooperativas de trabajo.
Un pedido similar, en cuanto a que se clausure el período de exclusividad y se habilite el salvataje (cram down), presentaron ayer al juez comercial Javier Cosentino los administradores de Oil Combustibles Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, en representación del fondo OP Investments.
Por ese motivo, el juez suspendió la audiencia con las partes previstas para hoy para resolver la situación procesal de la compañía, aunque se entrevistó con los trabajadores de la refinería.
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A fines de marzo el juez "corrió" de la administración de la compañía a Rosner y Dellatorre luego de un informe de los veedores judiciales que reseñó un importante aumento del pasivo posconcursal con erogaciones poco frecuentes, y resolvió designar interventores.
El 28 de marzo pasado, la AFIP, principal acreedora en el concurso, confirmó que no existe la posibilidad de quitas ni moratorias para cancelar el pasivo que Oil acumuló con el Estado Nacional.
El organismo recaudador le reclama a la empresa de López y De Souza unos $8.000 millones en concepto de retención indebida del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), que actualizados rondarían los 17.000 millones, indicaron fuentes del concurso.
Ambos empresarios fueron procesados con prisión preventiva en diciembre pasado por defraudación al Estado, aunque el mes pasado la Sala I de la Cámara Federal porteña los liberó y recaratuló la causa como evasión, un delito de menor cuantía.
La propuesta de los trabajadores de Oil "unos 450 operarios de la refinería que la firma tiene en la ciudad santafesina de San Lorenzo- busca evitar la quiebra de la petrolera, sugerida por la AFIP.