Quita de pensiones por discapacidad: las demandas crecen y no hay solución

DIARIO POPULAR pudo confirmar, de fuentes judiciales, que los pedidos al Poder Ejecutivo para que se restituyan las pensiones no contributivas que fueron anuladas en el primer semestre del año “no tienen respuesta positiva, por lo que se sostiene la situación de personas con discapacidad de todo el país que no cobraron los haberes que percibían, en la mayoría de los casos desde hace muchos años”.

El 28 de junio pasado, por ejemplo, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rawson, tras un pedido de la Defensoría Pública Oficial de esa zona del país, realizó una presentación colectiva ante la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Carolina Stanley, para que se restituyan 16 pensiones no contributivas. “Pese a las disposiciones del Poder Ejecutivo del 23 de junio, por la cual se ordenó dejar sin efecto la suspensión de las pensiones no contributivas por discapacidad y las pensiones a madres de más de siete hijos, a la fecha muchas de ellas no fueron restituidas, incluso mediante reclamos judiciales”, señalaron los voceros.

Las pensiones no contributivas a personas con diagnóstico de discapacidad involucran a la Ley Federal de Discapacidad. Así, los miles de afectados de todo el país, que fueron a cobrar las pensiones estos meses y se encontraron con sus cuentas bancarias en cero sin ninguna explicación, comenzaron una etapa de solidaridad horizontal, compartiendo información y buscando alternativas para reclamar. De ese modo, las Defensorías Públicas Oficiales se convirtieron en el espacio de recepción de las denuncias, para luego traducirse en expedientes en Juzgados Federales.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, por intermedio de las Defensorías Públicas Oficiales y los Juzgados Federales de todo el país ya se presentaron aproximadamente 40 amparos individuales y alrededor de 30 reclamos por oficios, por vía administrativa.

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El escándalo comenzó con el ya tristemente célebre Decreto 432/97 invocado por la administración del presidente Mauricio Macri para suspender masivamente las pensiones, en el marco de una estrategia para achicar el “gasto” del Estado.

El decreto, que logró mantenerse en vigencia durante dos décadas con distintos gobiernos, va en contra de los principios establecidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que Argentina suscribió y tiene rango constitucional. Allí se reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.

En el gobierno argumentan que muchos discapacitados viven con personas que ganan más de 19 mil pesos, tienen un bien a su nombre (un auto, por ejemplo) o están casados con alguien que cobra una jubilación (aunque sea la mínima de 6.377 pesos).

Un comunicado con críticas

La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), organización que tras el recorte de pensiones exigió las renuncias de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y del titular del área de pensiones asistenciales, Guillermo Badino, indicó que “todos los meses se paga en concepto de intereses de deuda el equivalente de 2 años de pensiones no contributivas por discapacidad”.

“El gobierno nacional pretende compensar el creciente déficit fiscal empobreciendo aún más a las personas con discapacidad más vulnerables, a los jubilados (vía la reducción en lo que debieran cobrar mensualmente y restringiendo la cobertura médica del PAMI), y a los empleados públicos (el Ministerio de Modernización ha decidido despedir a 500.000 empleados públicos en los próximos meses)”, indicaron desde REDI.

Dictaminan que corresponde medida cautelar

El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) dictaminó que corresponde otorgar una medida cautelar contra la resolución del Ministerio de Desarrollo Social encabezado por Carolina Stanley por la cual se dispuso la baja de las pensiones, iniciada por la madre de un niño con diagnóstico de discapacidad mental que dejó de recibir el haber y ahora no cuenta con obra social.

El representante del Ministerio Público dijo que ‘la afectación de los derechos de una persona con discapacidad, implica ignorar los principios que informan el Derecho de la Seguridad Social. En razón de tal conclusión, se advierte que la acción de amparo resultaría viable, por cuanto la baja del beneficio de pensión por discapacidad en forma unilateral y sin revisión o análisis previo conllevaría una arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta’.

La mujer explicó en la presentación que su hijo nació con un retraso mental moderado, que el niño cursó la escolaridad en una escuela especial y que luego continuó los estudios en un centro educativo laboral para personas con discapacidad, donde pasaba música y hacia trabajo de jardinería.

Además, subrayó que el Estado Nacional desde el año 2013 hizo efectivo su derecho a la alimentación y a la salud al concederle una pensión de $ 4.000.

También, indicó que la cancelación o suspensión de la pensión no sólo produce el cese de la percepción económica, sino que genera la pérdida de la cobertura médica social PROFE.

En el gobierno, con un objetivo de recorte fiscal que involucra a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, le echaron mano al decreto y comenzaron la poda en las pensiones argumentando que muchos discapacitados viven con personas que ganan más de 19 mil pesos, tienen un bien a su nombre (un auto, por ejemplo) o están casados con alguien que cobra una jubilación (aunque sea la mínima de 6.377 pesos).

La ministra Carolina Stanley aseguró, tras el escándalo, que no se utilizaría el decreto para quitar pensiones a discapacitados y se habló de “marcha atrás” de la medida. Ahora, se sabe que las personas damnificadas están concurriendo masivamente en todo el país a las Defensorías Públicas Oficiales para presentar reclamos colectivos porque siguen sin cobrar sus haberes.

“En el caso de la presentación colectiva efectuada en Rawson las personas involucradas tienen diagnóstico de esquizofrenia, enfermedades coronarias graves, traumatismos de cráneo severos, discapacidad mental y otros”, cerraron las fuentes

Para información sobre las Defensorías Públicas Oficiales Federales se debe ingresar a la web www.mpd.gov.ar, en la sección "Guía del MPD".