A pesar que la votación se perfila muy peleada, el Gobierno espera alcanzar los votos necesarios para que el aborto sea legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación.
Actualmente, según el código penal del país, el aborto solo se permite si el embarazo pone en peligro la vida de la madre, o si se produjo como consecuencia de una violación y la mujer embarazada tiene una discapacidad mental.
En caso de ser aprobado el proyecto –que tiene algunos cambios con respecto al que estuvo cerca de tener mayoría y convertirse en ley en 2018-, Argentina será el sexto país latinoamericano donde el aborto estará despenalizado. Hasta el momento, la interrupción voluntaria del embarazo en la región se limita a Uruguay, Cuba, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico.
En contraparte, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití han prohibido sin excepciones el aborto sin importar cuáles sean las causas que motiven a tomar esa decisión.
En algunos países como Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica, el aborto está despenalizado para los casos en los que corra riesgo la vida o la salud de la persona gestante, mientras que otros estados consideran más causales. Por ejemplo, Ecuador permite el aborto en los casos en los que el embarazo es consecuencia de una violación a una mujer con discapacidad mental.
Basándose en sus códigos penales, Chile, Colombia y Brasil suman otra variable: la inviabilidad del feto. Esta variable también se considera en Bolivia, donde también permiten el aborto en los casos de incesto, y en Belice, que toma en cuenta los factores socioeconómicos.
Un caso muy particular es el de México. En tierras aztecas, la despenalización de la interrupción del embarazo depende de cada estado. En ese sentido se destacan Ciudad de México y Oaxaca en donde el aborto libre y sin condiciones está permitido durante las 12 primeras semanas de gestación.
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