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El presidente argentino, Alberto Fernández, firmó junto a otros exmandatarios de la región una carta en apoyo a Marco Enríquez-Ominami por el caso SQM.
Unos 40 líderes del Grupo de Puebla, liderados por el presidente argentino, Alberto Fernández, firmaron una carta en apoyo a Marco Enríquez-Ominami, con duras críticas a la justicia chilena por el Caso SQM (referido al financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos realizado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile).
La misiva acusa que la "dilación del juicio vulnera gravemente los derechos" del excandidato presidencial del Partido Progesista (PRO) y que los persecutores a cargo de la investigación están "ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera".
“Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo”, comenzó la carta.
En su defensa a ME-O (así también se lo conoce por sus siglas), quien está acusado por el Ministerio Público de delitos tributarios, en una de las aristas del caso SQM que se arrastra por ocho años, los líderes del Grupo de Puebla apuntan que el exabanderado del PRO “viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”.
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Entre los firmantes de la misiva -además de Fernández-, se destacan los nombres de exjefes de Estado de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Ecuador, Rafael Correa; de Bolivia, Evo Morales; de Colombia, Ernesto Samper y de Panamá, Martín Torrijos.
Otro nombre conocido es el de Baltasar Garzón, quien en octubre de 1998, cuando era juez español, firmó la orden de captura en contra Augusto Pinochet, en Londres.
En el texto los firmantes sostienen, además, que “fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”.
El último episodio al que aluden se trató, en rigor, de una suspensión decretada el pasado 1 de febrero, en razón de que el auto de apertura, resolución donde el Juzgado de Garantía informa al tribunal e intervinientes la acusación y pruebas que irán al juicio oral, no habían sido revisado con sus correcciones finales. El juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que debía revisar el documento se encontraba ausente esa jornada por uso de feriado legal.
“Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América Latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”, reza la declaración emitida por el Grupo de Puebla.
La declaración de los líderes latinoamericanos cierra asegurando que desde la organización están convencidos que “finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos”.
La causa que lleva adelante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, mantuvo en su momento a 180 personas siendo investigadas por el ente persecutor. Sin embargo, la mayoría han sido sobreseídas o el Ministerio Público ha decidido no perseverar o suspender bajo condiciones los procedimientos. A la fecha ha habido 10 condenas. En el caso de MEO, la fiscalía solicita cuatro años de condena.