La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ordenó abrir un sumario en contra de jueces del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago, por eventuales negligencias en el llamado Caso SQM, sigla de la empresa Sociedad Química y Minera de ese país.
El caso SQM surgió en 2015, durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, e investiga al financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos mediante pagos hechos por esa compañía argumentando servicios que nunca fueron prestados.
Las autoridades judiciales informaron que la medida se tomó porque tras ocho años de investigación, se esperaba que el pasado 1 de febrero comenzaría el juicio por financiamiento ilegal de la política y fue postergado. No obstante, debido a una serie de vicios en el auto de apertura, se decidió suspender el inicio del juicio oral para el próximo 13 de febrero.
A esto se sumó que el juez de garantía, Leonardo Valdivieso, que debía presentar el documento, se encontraba de vacaciones. Y el resto de los magistrados, no quisieron intervenir.
“Los jueces en funciones están imposibilitados de resolver cuestiones propias del auto de apertura redactado por el juez que dirigió y presenció la audiencia de preparación de juicio oral”, señalaron en una respuesta enviada por el Octavo Juzgado de Garantía y el Tercer Tribunal de Juicio Oral.
El auto de apertura es un documento clave en los juicios orales, que en este caso cuenta con más de 5 mil páginas, donde está la individualización de los imputados, las acusaciones y pruebas.
Esto último, provocó una serie de críticas cruzadas entre la Fiscalía y los abogados defensores, quienes cuestionaron duramente la demora.
En medio de la polémica, finalmente, el Pleno de la Corte de Apelaciones ordenó al 8º Juzgado de Garantía de Santiago y al 3º Tribunal Oral capitalino para que “adopten las medidas pertinentes y se verifique el inicio del juicio oral el 13 de febrero próximo”.
Pero también, dispuso el inicio de un sumario para determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que le cabría a los jueces por la tardanza y postergación de la audiencia, según publica El Mercurio.
El Caso SQM estalló en 2015, como una arista de la causa Penta, y que fue el gran dolor de cabeza del exfiscal nacional, Jorge Abbott, abrió un debate por la falta de querellas del Servicio de Impuestos Internos.
Cabe recordar que en este juicio son ocho los imputados por los delitos de soborno, cohecho y delitos tributarios, de un total de 180 que llegó a tener en un comienzo la mencionada investigación por financiamiento ilegal de campañas políticas, donde la mayor parte de estos no enfrentaron esta etapa gracias a procedimientos abreviados.
Según la acusación de la Fiscalía Regional de Valparaíso, a través de boletas ideológicamente falsas, Soquimich pagó a diversos políticos de la época, entre ellos, Pablo Longueira, de la UDI, para incluir algunos párrafos escritos por la compañía en el proyecto de ley de royalty a la minería.