España es el séptimo país en legalizar la eutanasia

Desde que comience a tener vigencia la ley, podrán acceder al suicidio asistido las personas que padezcan una enfermedad grave e incurable con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.

Se trata del tercer intento en el país por sacar adelante esta ley y en esta ocasión contó con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones.

Los solicitantes serán informados de las alternativas y de los cuidados paliativos disponibles; tendrán que confirmar al menos cuatro veces la voluntad de morir, su caso será analizado varias veces y podrán desistir en cualquier momento. por su parte, los profesionales sanitarios podrán acogerse a la objeción de conciencia.

Una "comisión de garantía y evaluación", compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, supervisará cada caso y será responsable en última instancia de autorizarlo.

Un asunto controvertido

Después de pasar por el Senado, el Congreso español respaldó la ley finalmente este jueves y entrará en vigor a los tres meses de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, la norma es motivo de polémica social y de un fuerte enfrentamiento político.

Impulsada por el Partido Socialista, es apoyada también por Unidas Podemos, las dos fuerzas parlamentarias que forman el gobierno de coalición español. También por pequeños partidos de izquierda, así como liberales, nacionalistas e independentistas; y rechazada radicalmente por la oposición de conservadores (Partido Popular) y de extrema derecha (Vox).

La aprobación fue celebrada en el Congreso con un aplauso prolongado de los partidarios, en tanto que Vox avisó que la recurrirá en el Tribunal Constitucional y que será derogada cuando cambien las mayorías parlamentarias.

La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, aseguró que España avanza en el "reconocimiento de los derechos", así como en una sociedad "más justa y decente".

Por el contrario, el parlamentario conservador José Ignacio Echániz (Partido Popular) subrayó que "no existe demanda social objetiva" y aseguró que comités de bioética consideran que la ley abre la puerta a "eutanasias no solicitadas" y España puede convertirse en un país de "turismo eutanásico".

Habló de un "efecto llamada" que provocará entre las personas más vulnerables, a las que se "empujará" a la eutanasia, y auguró graves consecuencias familiares, sociales y éticas, como la desconfianza entre padres e hijos, entre hermanos y entre médicos y pacientes. También declaró que "empujarles a la eutanasia es un vergonzoso acto de abandono social".

División social

La división social se manifestó también en la calle. Frente al Congreso, manifestaron su apoyo varios grupos de personas y otros expresaron su rechazo a la ley.

Familiares de enfermos que lucharon en vida por legalizar la eutanasia celebraron lo que consideran una ley histórica que permitirá evitar el sufrimiento. Entre ellos, parientes de María José Carrasco, enferma terminal con esclerosis múltiple que se quitó la vida con la ayuda de su marido, Ángel Hernández.

También en la zona, varias decenas de personas se concentraron para protestar contra la legalización y portaban pancartas en las que podían leerse lemas como "Gobierno de la muerte", "Protege la vida" o "No hay derecho a matar".