La Matanza
Demolieron las casas de 120 personas del barrio El Vivero, quienes quedaron en la calle. Organizaciones sociales recusarán a la jueza que dispuso la medida.
Un total de 120 personas del barrio El Vivero de Rafael Castillo fueron desalojadas y sus viviendas demolidas, por decisión de la titular del Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial La Matanza, Mary Mabel Castillo.
Se trata de 30 familias que vivían en Besares al 2600, en casas que fueron levantadas, en muchos casos, 15 años atrás.
Desde la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) denunciaron que no se tuvo en cuenta el pedido del Fiscal Federico Raúl Pedro Russo, de la Fiscalía 3 de Gregorio de Laferrere, que se generara una instancia de mediación.
Y tras una reunión que mantuvieron con Russo en la mañana de ayer donde expresaron su rechazo al desalojo- anunciaron "que vamos a pedir la recusación de la jueza, porque la medida que adoptó fue ilegal". Del encuentro participaron también las autoridades de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) del distrito.
En diálogo con este medio, la secretaria de Derechos Humanos de la CTA provincial y representante en el Consejo del Hábitat, la matancera María Reigada, detalló que el sector demolido "fue censado e incluido en el registro de villas y asentamientos, y de acuerdo a lo establecido en la Ley 14.449, no puede desalojarse. Por eso recusaremos a la jueza".
"Además -agregó- no se atendió la propuesta de los vecinos del barrio El Vivero de desarrollar una instancia de diálogo, punto que también había sido indicado por el fiscal. Y no tuvo en cuenta que la Ley 14.449 menciona la función social de la tierra".
Reigada señaló que el barrio desalojado "se formó hace 15 años, y después de mucho tiempo apareció alguien que dijo ser dueño del predio y solicitó el desalojo del lugar; a principios de año hubo un primer intento que fue frenado por compañeros de la CTA que viven en el lugar".
La dirigente sindical sostuvo que "el desalojo -realizado el martes- fue muy violento, usaron maquinarias para destruir las viviendas, con custodia de la policía, los más chiquitos quedaron muy atemorizados, tuvieron que buscar sus juguetes entre los escombros".
Reigada apuntó luego que "las familias perdieron no sólo sus viviendas, sino también distintos bienes personales, no les dieron tiempo a nada", y precisó que ahora literalmente están en la calle.
Contó posteriormente que "algunos chicos durmieron en la Escuela Primaria 196 (ubicada en Federico Pedro Russo 1502, en inmediaciones del lugar) -de la que son alumnos- que ofreció sus instalaciones; también allí cocinaron y hubo ayuda del área de Desarrollo Social del Municipio con la provisión de alimentos. Pero la gente se encuentra desamparada, vamos a gestionar ante la Provincia un subsidio para que puedan contar con una vivienda".
Reigada consideró a continuación que "los desalojos de viviendas humildes en el distrito constituyen situaciones repetidas, por lo que consideramos necesario que La Matanza cuente con su Consejo de Hábitat, para que intervenga".
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