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El jefe de Estado encabezó este lunes una reunión de Gabinete en la Casa Rosada y luego anunció una serie de medidas de Gobierno
En conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció una serie de medidas de Gobierno, entre las que se destaca su decisión de avanzar por decreto con la ley de extinción de dominio. El año pasado, ante la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición, el proyecto quedó truncado y no logró avanzar en el Congreso de la Nación.
Este proyecto tiene como objetivo acelerar la recuperación de los bienes y fondos que fueron obtenidos de manera ilegal a través de delitos federales. Se trata de un procedimiento judicial que le va a permitir al Estado recuperar “bienes de la corrupción” y se aplicará en delitos no solamente relacionados a este hecho, sino también al contrabando, trata de personas, asociación ilícita y narcotráfico.
Hasta el momento había dos proyectos en cuestión: por un lado, el presentado por el Partido Justicialista (PJ), que establece que para que pueda aplicarse la extinción de dominio tiene que existir una condena firme contra el acusado.
Por el otro lado, el oficialismo, de la mano de Federico Pinedo, plantea que la iniciativa del PJ tiene demasiadas exigencias y que esto justamente demoraría el proceso. De este modo, consideran que se puede iniciar la acción por la vía civil, y no penal, y sin la necesidad de que el acusado tenga condena firme.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por Macri esta tarde avanzaría en la misma línea que el proyecto del oficialismo, aunque habrá que esperar a ver la letra chica.
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La diferencia con la medida de “decomiso”, planteada en el Código Penal, es que esta suele aplicarse una vez que la persona fue condenada. Mientras que, con la extinción de dominio, el Gobierno busca recuperar los bienes o fondos antes de que exista una condena.
A partir de este decreto, es suficiente con que un juez determine que los bienes están vinculados con algún delito y ya quedan en manos de la justicia civil.
Se estima que actualmente son alrededor de $20 millones los que están sometidos a medidas cautelares. Se trata desde campos hasta vehículos que ya son administrados por el Estado mientras avanzan las causas.