Opinión |
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La larga negociación por el rescate financiero de la Nación a Santa Cruz culminó con una fotografía conjunta pedida por la gobernadora, quien se comprometió a afrontar un ajuste fiscal hasta 2020.
Como corolario de una larga negociación que culminó en el rescate financiero de Nación a Santa Cruz, envuelta en los últimos meses en una crisis política y económica que por ejemplo ha impedido que los chicos iniciaran las clases, hubo foto en Casa Rosada entre Mauricio Macri y Alicia Kirchner.
Como contrapartida, la mandataria deberá afrontar un ajuste fiscal hasta 2020 y, aunque ayer no fue motivo de conversación, durante la ronda de consultas con funcionarios nacionales se comprometió a debatir la derogación de la ley de Lemas e incorporar una norma de Acceso a la Información.
Enfundada en un sobretodo naranja, Alicia arribó poco antes de las 9.30 a la Casa de Gobierno y, junto a su vice Pablo González, fue conducida directamente al despacho del presidente. Allí la esperaban el jefe de Estado y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con quien negoció los términos del acuerdo en las últimas tres semanas.
En Balcarce 50 explicaron que la reunión para la foto había sido pedida por la gobernadora pero que por temas de agenda recién se pudo concretar ayer. De acuerdo a esta lectura, Alicia buscó dar volumen político al auxilio financiero que la ayude a transitar el conflicto con gremios estatales y educativos por salarios adeudados y desencuentros en las negociaciones paritarias.
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Con todo, el cónclave llevado a cabo ayer fue más bien protocolar, frío -la foto que se difundió fue por demás ilustrativa- y durante media hora se conversó sobre el estado fiscal y financiero de la provincia, el desarrollo productivo, el conflicto educativo y la situación judicial por la cautelar que tiene frenadas las represas Cepernic y Kirchner.
Las generadoras hidroeléctricas proyectadas con financiamiento chino fueron ejes de las negociaciones de Macri durante su gira asiática. Pero aún, según se supo, no hay precisiones sobre el inicio de las obras por el impacto ambiental de las mismas -que disparó la acción judicial- y los términos del plan financiero para solventarlas.
El presidente también hizo mención al conflicto docente en la provincia sureña y la necesidad de encontrarle una salida lo antes posible para que los alumnos vuelvan a las aulas tras estar ausentes casi medio ciclo lectivo. Una comitiva del ministerio de Educación nacional viajó a Río Gallegos para intentar consensuar una solución ya que no hay diálogo entre los gremios y el Ejecutivo provincial.
Por su parte, Frigerio detalló el avance del acuerdo fiscal por el que Santa Cruz se compromete a llegar al equilibrio de las cuentas públicas hasta 2020 y para ello la Nación daría un préstamo a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Aún está en proceso la definición de los montos y de cómo serán las metas bimestrales.
En la misma sintonía, el Banco Nación aprobó esta semana un préstamo para Santa Cruz por $ 750 millones -en tres tramos de $ 250 millones- sin fecha de reembolso. “Seguimos trabajando para alcanzar y firmar el acuerdo fiscal. Estamos cada día más cerca”, sentenció el ministro al concluir la reunión. Los más optimistas estiman que la semana próxima se podría rubricar el entendimiento.
Aún no hay acuerdo, en cambio, para que Finanzas apruebe el endeudamiento de la provincia. En este caso, la cartera comandada por Luis Caputo aún no aprobó los números del estado provincial.
Lo cierto es que el auxilio financiero, de alguna manera, viene atado no sólo a la reducción del déficit fiscal sino a que el Ejecutivo provincial se comprometa a implementar mejoras institucionales que hagan a la transparencia. En este sentido, una fuente gubernamental consultada dijo a este diario que “está hablado” con la mandataria del FPV que en los próximos meses se discuta en la Legislatura provincial la derogación de la ley de Lemas. Esta normativa, de hecho, le posibilitó ganar la elección al FPV en 2015 pese a haber obtenido menos votos que el radicalismo.
“Dependerá del clima político de ese momento en la provincia. No la usa sólo el FPV: en su momento intendentes radicales de Río Gallegos o Las Heras llegaron al poder por esa vía. Y en otras provincias aún existe, como en Jujuy (gobernada por el oficialista Gerardo Morales), así que si se llegara a derogar no lo verían con mucho agrado”, expresaban ayer cerca de la mandataria provincial.
Otra de las “sugerencias” que le habrían elevado a Alicia los funcionarios nacionales es la necesidad que se sancione en la provincia una ley de Acceso a la Información que permita que cualquier ciudadano pueda peticionar por información pública y que el Ejecutivo deba responder en 15 días hábiles en sintonía con la normativa nacional en la materia reglamentada en abril pasado.