Respeto a la Ley y a las Instituciones/ Por Gerardo E. Vega

El 10 de diciembre pasado, el Presidente Javier Milei, frente a la Plaza del Congreso, dijo “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”; expresión que presuponía recuperar el orden perdido en la Argentina, sin embargo, a casi siete meses de aquellas palabras lejos está de cumplirse.

La historia enseña. Si se mira el pasado se advierte que Argentina y las naciones latinoamericanas basaron sus constituciones en la de Estados Unidos, respetando la idiosincrasia de sus propios pueblos.

Luego ¿Por qué hay una dispersión tan notable entre la evolución del país del norte, comparado con la acontecida en varias colonias latinas? ¿Cuáles son los motivos de tanta diferencia, si hay una apreciable identidad entre las constituciones? La repuesta se encuentra en experiencias históricas (Argentina 1860-1930) o actuales (Chile y Uruguay, a partir del regreso a la democracia, entre otros).

El análisis comparativo constitucional, social, económico y político, depara alguna repuesta, Estados Unidos, con la Constitución de 1787, evolucionó, pasó de una entusiasta colonia, a la actual potencia mundial; mientras, las colonias, económicamente fuertes y alto grado cultural, la actualidad de la mayoría presenta dificultades ¿Por qué?

La repuesta no es simple, sino, propia de estudios sociológicos, políticos y económicos. La comparación permite aventurar que esa divergencia es propia de la falta de dos conceptos “el respeto a la ley y el respeto a las instituciones”, ambos, bases de la seguridad jurídica, sostén necesario de “políticas de desarrollo económico humanista sustentable y sostenible” y, por lo tanto, origen de bienestar, que posibilita la anhelada vida humana digna, fin último del ser humano.

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Conductas razonables

Este ideario se construye a partir de conductas razonables. El desplante, el desaire, la agresión generalizada, solo aporta desencuentros, a la postre inestabilidades e inseguridades. Por el contrario, la sociedad argentina requiere encontrarse; necesita consenso, aún en el disenso; abrirse a la colaboración, y no al iluminismo fundamentalista, causa de la situación actual. El gobierno puede estar en minoría, más, esta se supera si hay claridad y transparencia en las políticas, y en los mensajes, otro de sus defectos.

Este gobierno asumió a sabiendas de la crisis social, económica, cultural y contando con escasa representación; por lo tanto, ante situaciones extremas se requiere un diagnóstico claro, y una política de estado integral. El discurso presidencial del 10 de diciembre mostró el diagnóstico, pero, ¿Había plan? ¿Hay plan? El proceder en los distintos ámbitos muestra falencias, incluso, equívocamente se optó por la confrontación; la agresión verbal desmedida; las acusaciones graves sin denuncia, ergo, son falaces declamaciones.

El alejamiento al respeto a la ley y a las instituciones se advirtió en diciembre; el contenido de varias normas lo muestran. Enero y, parte de febrero originó discusiones sobre la Ley Bases, retirándosela intempestivamente del Congreso; tiempo después se reiteró la presentación, finalmente, con muchísimas modificaciones, el 27-de junio pasado se la aprobó.

Pregunta ¿Cómo se implementará? ¿Existen las condiciones de seguridad jurídica para las inversiones? ¿Los argentinos aportaran sus ahorros a nuevos proyectos o a expansión de la actividad existente? Son interrogantes que solo el tiempo dará repuesta.

Instalar la seguridad jurídica

Estas expresiones tornan necesario instalar la seguridad jurídica, valor esencial de las políticas. La experiencia de este periodo gubernamental ha dejado indicios contrarios. El afianzamiento será posible si hay consenso entre las fuerzas políticas más importante.

La inexistencia de seguridad jurídica significó para los argentinos ahorrar e invertir fuera del circuito económico (acreencias en dólares o inversiones en el extranjero). Este hecho representa una cuantía, equivalente a un PBI y medio; pero, el perjuicio mayor radica en los dos o más PBI perdidos de generar. Esta circunstancia significa que Argentina no es potencia mundial, tiene pobreza estructural, carencia de valores y, la envergadura de la degradación moral es inconcebible, ante la posición gozada un siglo atrás.

La acción gubernamental muestra indicios de apartarse del citado anuncio inicial, el obrar, en este tiempo, origina dudas; no se advierte una inclinación por establecer condiciones favorables a respetar la ley y las instituciones. Este gobierno debe efectivizar aquel anuncio, revertir aquellos que muestran su inaplicabilidad (las carencias de Políticas de Estado; el uso inadecuado de institutos constitucionales, DNU; etc.).

La descripción de esta realidad ameritó recordar el respeto a la ley y a las instituciones, porque este ideario es el hacedor de las grandes naciones. Sí este gobierno aplica estos conceptos la Argentina recuperará el brillo de otrora; y el sacrificio del pueblo no será una quimera.