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El 2 de marzo se cumple el primer aniversario del trágico incendio en el que murieron siete presos. Los familiares denuncian que la investigación está trabada.
Un comisario prófugo, un agente detenido y cuatro efectivos procesados con prisión preventiva pero en libertad. A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la denominada Masacre de Pergamino, en la que siete jóvenes que se encontraban presos en los calabozos de la principal seccional policial de esta ciudad bonaerense murieron al incendiarse uno de los calabozos, los familiares de las víctimas, con el patrocinio de la Comisión Provincial de la Memoria, siguen reclamando ante una causa que no ha logrado avanzar lo suficiente, debido a las constantes presentaciones de los defensores de los imputados buscando demorar ciertas decisiones.
El resultado de las autopsias a los cuerpos de los fallecidos, las pericias de los bomberos y fundamentalmente, el relato de los 12 sobrevivientes abonan la teoría sobre que accionar de los uniformados contribuyó al trágico final de un incidente menor, que se había iniciado con un reclamo de los internos.
El 2 de marzo de 2017, cerca de las 18, hubo un entredicho entre los detenidos en la comisaría 1ª. de Pergamino y el personal a cargo de la custodia decidió encerrarlos en las celdas, sin permitirles la salida al patio.
En la práctica ese castigo se lo llama “engome” y frente a esa represalia, hubo una reacción prendiendo fuego los colchones, que no eran ignífugos como corresponde por ley. El humo tóxico y algunas quemaduras se cobraron siete vidas, mientras el resto de los 19 presos logró salir a tiempo, en media de tardías tareas de rescate y una trama de encubrimiento, que bien podría calificarse como abandono de persona.
Un par de días más tarde de la Masacre de Pergamino, la perito Carolina Pérez Mernes, del área Médico Legal de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, determinó que en todos los casos el motivo de deceso de las víctimas fue asfixia traumática por inhalación de humo, presentando los cuerpos distintos niveles de carbonización y que el horario de los fallecimientos se estimó a las 19, luego de una hora de locura, desidia y muerte.
En la actualidad, tras varias marchas por el centro de la ciudad de Pergamino, los sindicados como culpables directos de los hechos se encuentran procesados con prisión preventiva, pero en distintas situaciones. Al mismo tiempo que los responsables institucionales de esta tragedia aún no fueron alcanzados en este expediente, tales como los funcionarios superiores de la Policía bonaerense y los del Ministerio de Seguridad provincial. La conclusión principal de lo sucedido está escrita y figura en la causa: “el personal de la comisaría 1ª. se mantuvo pasivo, impidiendo, demorando y obstaculizando las tareas de rescate de los bomberos voluntarios, para salvaguardar la vida de los internos que estaban a su cargo y cuidado”.
Si bien uno de ellos, el agente Alexis Eva se encuentra preso y se le acaba de denegar un pedido de excarcelación, otros cuatro están “privados de la libertad” pero mediante la modalidad de control por monitoreo electrónico y el comisario Alberto Donza escapó, se mantiene prófugo y nada se sabe de su paradero, a pesar de la recompensa de 500 mil pesos que se ofrece para quien aporte datos fehacientes para localizarlo.
Al margen del seguimiento del devenir de la causa, la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) ha formulado otras denuncias penales ante la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 3 de Pergamino para que “se investigue la actividad desarrollada por los integrantes del Grupo de Apoyo Departamental en oportunidad de ingresar al sector calabozos el día del hecho para auxiliar a los detenidos”.
También se realizaron diversas acusaciones por la persecución a la que son sometidos los familiares de las víctimas fatales y que pese a ello, han protagonizado reiteradas marchas, acompañados por muchas organizaciones sociales pergaminenses. Por ejemplo, el padre de Franco Pizarro fue amenazado en la calle, los imputados fueron vistos reunirse con sus allegados “en una suerte de picnic” en los Tribunales de Pergamino a pesar de tener que hallarse esposados y con custodia o que las madres de otros de los fallecidos han recibido intimidaciones directas de personas vinculados a los policías acusados, tanto de manera directa o mediante las redes sociales.