Adulteraban y tramitaban jubilaciones falsas. Estafaron al Estado bonaerense por más de 40 millones de pesos. Pero los mejores días de esta banda de veinte personas, entre las que había un empleado del Instituto de Previsión Social (IPS) y un abogado, son cosa del pasado.
Cayeron tras una serie de 24 allanamientos realizados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en las ciudades de Necochea, La Plata, Mar del Plata, Balcarce y Quequén. Participó personal de la Dirección de Operaciones Contra el Crimen Organizado, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.
Las estafas tuvieron lugar entre 2013 y 2014 y el procedimiento consistía en tramitar jubilaciones falsas a beneficiarios de condición humilde. Estas personas, de distintos puntos de la Provincia, prestaban nombres y apellidos y cobraban haberes como si fueran supuestos miembros del Poder Judicial.
Además, se cobraban hasta 800.000 pesos de retroactivo y un haber mensual de unos 46.000 pesos, que se repartían entre los imputados, confiaron las fuentes policiales.
Los investigadores determinaron que los funcionarios involucrados del IPS habrían hecho maniobras mediante las cuales vulneraban los sistemas informáticos para crear beneficios apócrifos jubilatorios otorgados a sujetos que no tenían derechos, puesto que nunca habían trabajado ni habían efectuado aportes, tramitando las jubilaciones de manera irregular.
Entre los 20 detenidos se destacan un empleado que trabajaba en mesa de entradas del IPS en La Plata y un abogado que tenía su estudio en Necochea, ciudad donde se detuvo a la mayor cantidad de acusados.
En los allanamientos, donde participaron también efectivos de Policía Científica y móviles de Traslado y Custodia de Detenidos, se secuestraron documentación referida a la causa, máquina de contar billetes, dos armas de fuego, celulares, varias computadoras.
Para el éxito de la investigación resultó clave una profunda reunión de información de diferentes organismos públicos, privados y otras dependencia policiales como ser del Departamento de Inteligencia Criminal a través de la Base de Datos Unificada sobre el Crimen Organizado de la Provincia, verificación de identidad mediante el Departamento de ENLACE INTERPOL y la Dirección de Antecedentes Personales, junto con informes de las empresas de telefonía fija y telefonía móvil, cable, internet, luz, gas, etc.
Intervienen en la causa la UFI N 8 a cargo del fiscal Néstor Hugo Tesón y el juzgado de Garantías N 1 a cargo de Guillermo Federico.