Se trata de Vanesa Soledad Nuñez, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Nuñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur, quienes se desempeñaban en la Estación de Policía Comunal de Laprida al momento del hecho.
Los arrestos estuvieron a cago de efectivos de la Policía Federal Agentina (PFA), quienes actuaron por orden del Juzgado de Garantías 1 de Olavarría, que dispuso recaratular el expediente inicialmente investigado como “averiguación de causales de muerte” a “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de sus funciones”, añadieron las fuentes.
El pedido fue formulado por el fiscal especializado en Violencia Institucional de Azul José Ignacio Calonje, quien consideró que los agentes en funciones en la Estación de Policía Comunal de Laprida "le dieron muerte a la víctima Daiana Soledad Abregú, en oportunidad de encontrarse la misma privada de su libertad, en el interior de la dependencia policial. Más precisamente en el sector de calabozos, en calidad de contraventora".
Además de la detención de los cinco imputados, la justicia requirió el secuestro de los teléfonos celulares de los agentes, al tiempo que se allanaron sus domicilios.
La detención se produjo luego de la segunda autopsia realizada al cuerpo de Abregú por disposición del fiscal y a pedido del abogado de la familia, Sergio Roldán, y de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), cuyo informe preliminar reveló que no se encontraron en el cuello y vías superiores marcas o lesiones compatibles con un lazo de ahorcamiento, en contraposición con la versión policial del suicidio.
Es que la primera hipótesis difundida desde las fuerzas de seguridad sostenía que Daiana había muerto “por un paro cardíaco por asfixia mecánica”.
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