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El médico ya fue condenado a cuatro años de prisión a raíz de las graves lesiones que sufrieron cuatro pacientes que pasaron por sus manos.
El fiscal Pablo Recchini solicitó la indagatoria del médico Aníbal Lotocki a raíz de la muerte de un paciente que ingresó a realizarse una operación estética y falleció durante la cirugía.
El pedido del fiscal es en base a una junta médica y a raíz del caso del deceso del empresario Rodolfo Cristian Zárate, ocurrida el 16 de abril de 2021, quien ingresó a la clínica Cemeco para la citada intervención y murió en la operación.
Según la junta médica, Lotocki utilizó documentos para el consentimiento del paciente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la cual él no formaba parte y hubo alteraciones en la historia clínica del empresario fallecido.
En la investigación, se comprobó que Cemeco no estaba preparada como unidad de terapia intensiva y Lotocki no era especialista en cirugía general.
También, que en los estudios previos no se tuvo en cuenta que Zárate sufría de diabetes tipo II y que no hubo ningún chequeo previo para prever cualquier desenlace con esa enfermedad de base. El fiscal acusó a Lotocki por "homicidio simple con dolo eventual" al considerar que se representó que el paciente podía morir y no hizo nada para evitarlo.
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La causa está calificada con el delito de "homicidio culposo", que prevé penas de prisión de uno a cinco años, pero los resultados de las pericias permiten afirmar al fiscal que la muerte del paciente fue por "dolo eventual", por lo que le correspondería el "homicidio simple", que prevé penas de prisión de ocho a veinticinco años.
El médico ya fue condenado a cuatro años de prisión por el Tribunal Oral Criminal 28 a raíz de las graves lesiones que sufrieron cuatro pacientes que pasaron por sus manos.
Lotocki fue considerado responsable por el delito de "lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades" y las víctimas y querellantes en la causa fueron Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.
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Además de la condena a prisión, al médico se le fijó una inhabilitación de cinco años para ejercer la medicina y se rechazó el pedido que había hecho la fiscalía de inhabilitarlo de manera provisoria hasta que quede firme la sentencia.
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