Exigirán la clausura de los calabozos de la Provincia

También se pidió a los legisladores bonaerenses que se cree una comisión investigadora independiente que ayude a esclarecer el hecho, a la Suprema Corte de Justicia que tome “medidas urgentes” y denunció el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras haber viajado con algunos de sus miembros a la ciudad de Pergamino, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se reunió con los familiares de los siete jóvenes que murieron en los calabozos de la comisaría 1era, asumiendo el patrocinio legal y en consecuencia, los representará como particulares damnificados, en el expediente que está a cargo del fiscal Nelson Mastorchio.

“Nos hemos reunido con el fiscal, tanto para seguir de cerca la causa, como para garantizar el apartamiento de la Policía bonaerense de la investigación, tal como ordena la resolución 1390 de la Procuración General de la Provincia”, se indicó desde el CPM, agregando que “nuestra intervención apunta a que haya una investigación independiente que llegue a la verdad y al castigo de los responsables”.

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Por otra parte, se remitió una carta a la gobernadora Vidal, pidiéndole una pronta audiencia y reclamando medidas urgentes. “En primer lugar, se le solicita la clausura de todos los calabozos de las comisarías, ya que ninguno está en condiciones de alojar personas”, precisaron, al mismo tiempo que le piden “la inmediata reorientación de la política criminal, de seguridad, penitenciaria y de niñez, pensadas desde una perspectiva integral y de derechos humanos”.

Por otra parte, en una nota enviada a los diputados y senadores bonaerenses, la CPM instó a los legisladores a que “se adopten medidas urgentes, a fin de promover políticas criminales que bajen los índices de prisionización”, además de la “creación de una comisión bicameral para investigar“a los funcionarios intervinientes en la masacre de Pergamino, como así también“el accionar de los responsables del ministerio de Seguridad que toman las decisiones de la política pública”.

En relación al Poder Judicial, se elevó un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, solicitando “su urgente intervención para resolver la crisis actual”. Y también se denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde en 2015 había solicitado una medida cautelar de carácter urgente advirtiendo el serio riesgo de vida que corrían las personas alojadas en comisarías bonaerenses.

Afirman que trabajan para saber cómo pasó la masacre

El Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, sostuvo que están “trabajando para determinar bajo qué circunstancias murieron las siete personas” en la comisaría 1era. de Pergamino y establecer cual era “la situación real de los de reclusos”. “La superpoblación carcelaria es motivo de preocupación”, precisó Conte Grand, quien adelantó que reclamará a los poderes Ejecutivo y Legislativo, “para que cumpla con las normativas nacionales e internacionales y alcanzar estándares para las personas en situación de encierro de manera urgente”. Además, sostuvo que “promoveremos no sólo causas penales, sino que haremos los reclamos correspondientes a los otros dos poderes del Estado bonaerense”.