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La causa se inició con la detención de un empleado de una estación de servicio que tenía 15 tarjetas de débito y una suma de dinero de $50.000
La Justicia de La Plata investiga de una millonaria malversación de caudales públicos con fondos de tarjetas de débito de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que habría sido cometida en connivencia con empleados de una estación de servicio de La Plata.
La causa, a cargo del fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta, se inició con la detención de un empleado de una estación de servicio expendedora de combustibles de la ciudad de La Plata, el miércoles pasado, en el marco de un control vehicular, informaron hoy fuentes judiciales.
Según indicó a Télam el fiscal, el jóven detenido de 29 años identificado como Walter Cejas, "se puso nervioso" cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía, y se le cayeron 15 tarjetas de débito y $50.000.
"Al tomar conocimiento de ésta situación, las autoridades del gobierno provincial inmediatamente se pusieron a disposición de la investigación", dijo Condomí Alcorta a Télam, quién precisó que también se investiga "cómo llegó a manos de este empleado esas tarjetas, por lo que pedirá un informe sobre funcionarios del área de administración de la Dirección General de Cultura y Educación".
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El fiscal relató que los efectivos policiales en el control vehicular comprobaron que Cejas tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales, y la suma de $50.000.
Luego se enteraron que el conductor del auto es empleado de la estación de servicio de 44 y 31 y que la camioneta era de su propiedad.
"Caratulé la causa como malversación de caudales públicos", dijo Condomí Alcorta a Télam, quien confirmó que la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, dictó prisión preventiva al imputado, pero por "Fraude en perjuicio de la Administración Pública", una figura más leve.
En el marco de esa investigación, ayer por la mañana se suicidó el encargado general de esa estación de estación de servicio, Maximiliano Normann, de 44 años, por lo que no se descarta que esa muerte esté vinculada con la investigación.
Por el lado del organismo, se sospecha que existan empleados cómplices y se abrieron investigaciones para determinar quienes emitieron esas tarjetas.
Además, el fiscal cree que puede haber participación de otros playeros de estaciones de servicio que estén dentro del fraude.
"La maniobra data desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial", afirmó el fiscal.