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El fiscal Abel Córdoba pidió al Tribunal Oral Federal 4 que cite a unos 500 testigos para que declaren en el juicio aún sin fecha contra el empresario y otros veinte implicados por lavado de dinero en la “ruta del dinero K”.
El fiscal Abel Córdoba pidió este lunes al Tribunal Oral Federal 4 que cite a unos 500 testigos para que declaren en el juicio aún sin fecha contra el empresario detenido Lázaro Báez y otros veinte implicados por lavado de dinero en la conocida “ruta del dinero K”.
Junto al pedido fiscal está el de la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en el caso, quien reclamó la citación de unas 120 personas, algunas de las cuales coinciden con lo solicitado por la Fiscalía.
En su escrito, Córdoba pidió que entre los testigos a citar figuren el periodista Jorge Lanata, la modelo Karina Jelinek (ex esposa del mediático Leonardo Fariña, uno de los implicados); la dirigente Margarita Stolbizer, las diputadas Graciela Ocaña y Elisa Carrió, y el ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el kirchnerismo José Sbatella.
Por otra parte, la Fiscalía reclamó que se realice un informe socio-ambiental respecto del empresario Báez así como de sus cuatro hijos, Martín, Leandro, Melina y Luciana; y del resto de los implicados.
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También pidió verificar a través de los Registros de la Propiedad Inmueble de las provincias “la situación actual de los bienes inmuebles identificados en la causa, como asimismo su fecha de adquisición, valor de adquisición y constatar la efectiva anotación de los embargos decretados sobre cada uno de ellos”. Esos inmuebles no sólo están a nombre de Báez y de sus hijos sino también de sus empresas, entre ellas su nave insignia Austral Construcciones, las que se encuentran inhibidas por la Justicia, tal cual lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello.
Además, a fin de obtener documentación el fiscal reclamó exhortos Dubái, Emiratos Árabes Unidos y Bahamas así como a otros paraísos fiscales, desde donde se montaron estructuras financieras para “fugar” del país unos 55 millones de euros que luego reingresaban a la Argentina a través de la compra de bonos estatales.
A juicio van también el financista Federico Elaskar, al empresario Leonardo Fariña, Fabián Rossi, el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, Carlos Molinari, Daniel Alejandro Bryn, César Gustavo Fernández, Alejandro Ons Costa, Eduardo Guillermo Castro, Jorge Norberto Cerrota, Santiago Carradori, Julio Enrique Mendoza, Claudio Bustos, Juan Ignacio Pisano Costa, Eduardo César Larrea, Walter Adriano Zanzot, Mario Lisandro Acevedo Fernández, Christian Delli Quadri y Sebastián Pérez Gadín. Todos están acusados de integrar una “banda” dedicada al lavado de activos, a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, y que se estiman en unos 60 millones de dólares de origen ilegal.
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