Policometeros 2.0: confirman coima cobrada por Mercado Pago

"Es sorprendente y completamente anómalo lo sucedido. Es la primera vez que tengo una causa de este estilo donde la operación ilícita quedó completamente registrada a través de un medio de pago digital", precisó la funcionaria.

En tanto, si bien son tres los uniformados que de manera preventiva fueron separados de su cargo por la Auditoría general de Asuntos Internos de la policía bonaerense, la fiscal Toso confirmó que en el hecho en sí participaron "solo dos oficiales".

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Don Torcuato explicó que le tomó declaración testimonial al matrimonio víctima del pedido de coima y allí el conductor y su esposa pudieron explicar cuál fue el motivo por el que los policías les exigieron dinero.

Según la fiscal, la pareja se dirigía rumbo a la zona de Zárate y Campana en una Renault Kangoo y fue retenida en "un control vehicular de rutina en el peaje", donde un primer policía le pide al conductor la documentación de rutina necesaria para circular.

"El hombre exhibió la documentación a través de la aplicación Mi Argentina en su celular y el policía le dijo que no servía. Pero además, le hizo una segunda observación con respecto al semipolarizado que tenía el parabrisas", indicó Toso.

En la misma línea, la fiscal contó que el conductor le dijo que "si estaba en infracción le hiciera la multa, pero el policía nunca le dio esa posibilidad y llamó a otro oficial que aparentemente era un superior jerárquico que de manera intimidante les dijo que iban a secuestrar el vehículo".

Siempre según lo declarado en sede judicial por los damnificados, fue en ese momento cuando ese policía "les exigió alguna manera de arreglar".

"La víctima no contaba con efectivo y les dijo que lo único que tenía eran 3.000 pesos en su cuenta de Mercado Pago, y los policías aceptaron esa vía de pago y el hombre realizó la transferencia electrónica hacia el policía que ostentaba de superior o encargado del operativo", señaló la fiscal.

Luego de escuchar a las víctimas, Toso analiza agravar la calificación a "exacciones ilegales agravadas bajo la figura de la concusión", que el artículo 268 del Código Penal castiga con pena de dos a seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, "al funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones".