El fiscal de instrucción de San Isidro
Franco Servidio ordenó el procedimiento judicial en el establecimiento, situado en O'Higgins 591, y efectivos de la comisaría 1ª debieron derribar la puerta para poder entrar. En el procedimiento, que se extendió por casi tres horas, se secuestró documentación y dos computadoras. Los efectivos se llevaron cinco cajas con folios y carpetas, una canasta de plástico con documentación y los dos ordenadores.
"Lo único que buscamos es justicia", dijo uno de los padres presentes, quien sostuvo que el procedimiento se debería haber realizado "mucho antes".
Se indicó además que el fiscal quiere ver si ante un grupo de profesionales, alguno de los menores puede relatar en primera persona o expresar de alguna manera -en Cámara Gesell, con tests, juegos o dibujos-, los maltratos a los que eran sometidos.
Por otra parte, también ayer se conocieron declaraciones de la maestra acusada,
Yanina Gogonza, que dejó su casa envuelta en llanto. Ante las acusaciones de maltrato, la docente habría escrito en una red social que fueron "unas simples palabras producto del estrés", que estaba "muy dolida" y que las grabaciones que se hicieron públicas "estaban editadas". Pero a última hora de anoche trascendió que el sitio al que fueron subidas era apócrifo.
Los maltratos quedaron registrados en grabaciones de audio que consiguió un padre, en las que se escuchan de parte de las maestras encargadas de cuidarlos insultos de todo tipo hacia los niños, mientras se investigan posibles agresiones físicas.
Los psicólogos de la asesoría pericial de San Isidro también evaluarán si alguno de los niños padece algún tipo de trauma, trastorno o secuela debido a los presuntos maltratos.
Los voceros agregaron que el fiscal también trabaja para chequear si el establecimiento estaba o no habilitado y bajo el control de alguna autoridad educativa.
En ese sentido, el intendente de San Isidro,
Gustavo Posse, se desligó del caso al asegurar que
el jardín no tenía "habilitación para funcionar como tal y solo contaba con una aprobación de presentación de planos". Pero desde la Provincia le respondieron que "es el municipio el encargado de controlar el lugar".
"Se trataba de personas que actuaban como monotributistas, se estableció un engaño a los padres y esto desembocó en la existencia de maltrato", dijo Posse, y calificó a los responsables del establecimiento como "delincuentes con una grave patología".
Posse aseguró que el municipio "solo aprobó, hace 16 años, los planos del jardín, pero no hay documentación sobre habilitación", y trato de justificar la ausencia de un seguimiento en "la gran cantidad de centros educativos privados" que hay en el Partido.
Para Provincia, el municipio debía controlarAutoridades provinciales y municipales discreparon ayer, con fuertes críticas cruzadas, sobre la responsabilidad de controlar la inhabilitación como establecimiento educativo que desde hace unos 16 años pesa sobre el jardín de infantes.
"Este establecimiento tuvo un homónimo que no sabemos si es el mismo -eso lo investigará la justicia- que cerró sus puertas definitivamente tal como lo muestran los registros de la Dirección Provincial de Gestión Privada, que fue cuando se sacó la matrícula", señaló la directora de Cultura y Educación de la Provincia,
Nora de Lucía.
La titular de la cartera educativa provincial informó que "en el '97 este establecimiento tuvo su cese definitivo por falta de matrícula".
"A partir de ahí, para nosotros cerró. No sabíamos que se hacía ahí adentro", agregó. De Lucía -quien pidió sanciones ejemplares- aclaró que la Provincia sólo "tiene la fiscalización de lo que está autorizado" y que es el municipio el encargado de controlar al lugar.
Por su parte, el intendente de San Isidro,
Gustavo Posse, cuestionó a la Provincia por no controlar la habilitación del lugar.
Afirman que la situación podría repetirse en la Ciudad
Lo ocurrido en el jardín maternal
Tribilín, debido a la
falta de controles, podría repetirse en la Capital Federal, donde con pocos inspectores y una estructura deficitaria el gobierno porteño debe supervisar el funcionamiento de cientos de establecimientos de este tipo.
Así lo aseguró a DIARIO POPULAR el abogado
Javier Miglino, quien señaló que
"tanto en Ciudad como en Provincia las regulaciones para habilitación y funcionamiento de jardines maternales (para niños de 0 a 3 años) son prácticamente las mismas por lo que (el caso del Jardín maternal Tribilín, de San Isidro) es muy probable que se repita acá".Zonas críticasEl especialista explicó que "en Capital hay áreas críticas como Almagro, Belgrano y Flores, donde hay muchísimos establecimientos de este tipo" y añadió que "la Dirección de Educación de Gestión Estatal (DGEGE) de la que dependen está colapsada y con un número de inspectores insuficiente para que haya un eficiente control".
Según Miglino, en los últimos cinco años se abrieron 200 nuevos jardines maternales, "muchos de los cuales no estarían habilitados correctamente".
"Aunque no con la gravedad de Tribilín, nos han llegado diversas quejas por maltratos, problemas con la comida, que se sirve fría o mal hecha, y chicos que van y vuelven con el mismo pañal", dijo el titular de Defendamos Buenos Aires.
En este sentido, Miglino cargó contra el titular del organismo, Maximiliano Gulmanelli, de quien aseguró "no tiene experiencia ni título habilitante y su único antecedente para ocupar el cargo es haber sido secretario privado de Gabriela Michetti (ex vicejefa de Gobierno)".
Según Miglino "las inspecciones son pocas, espaciadas y sólo se las realiza cuando hay una denuncia, es decir, no se actúa de manera preventiva para evitar estas situaciones lamentables".i
"Mi hija aún tiene pesadillas"Diego Hernayes, papá de la nena de un año y medio que asistía al jardín maternal Tribilín, de San Isidro, y decidió realizar una grabación, dijo ayer que desde que su hija no va a esa institución "se la ve muy bien, pero todavía tiene pesadillas por las noches".
En declaraciones a C5N, señaló que "además de Yanina Gogonza, creo que trabajaba su hermana, y su madre era la cocinera".
En este sentido, recordó que "en la grabación se escuchan las voces de tres maestras y la cuarta voz es de la mamá de Yanina, que era la cocinera del jardín".
A partir de la grabación, Hernayes realizó una denuncia contra ese establecimiento e intervino la fiscalía de San Isidro, que inició una investigación por "amenazas y lesiones".
El hombre explicó que decidió hacer la grabación "poniendo un Ipod con audio, que tiene mi hija, por comentarios que me hizo una persona que trabajaba en el jardín" y aseguró que "no tenía sospechas de que pasaba eso", en referencia a las situaciones de maltrato.
"Había muy buena relación con las maestras, esto no se podía esperar", manifestó.