Aquellas amenazas de muerte que había recibido por denunciar que en una casa lindera a la suya, en la localidad de La Lonja del partido de Pilar, se desarrollaban fiestas clandestinas se concretaron en los primeros minutos de la madrugada del 8 de octubre de 2013, cuando uno de los dos desconocidos que entraron a su vivienda lo ejecutó de un balazo en la cabeza, concretando un crimen por encargo. Han pasado más de seis años y el asesinato de Gabriel Eiriz, un técnico electromecánico de entonces 41 años y padre de tres hijos, continúa impune y pese a los insistentes reclamos de sus familiares, la investigación solo avanzó en el sentido de acusar a una oficial de la Policía Federal Argentina, quien fue la autora de algunas de esas intimidaciones telefónicas o por mensajes.
El próximo martes en el Juzgado en lo Correccional Nº 5 de San Isidro comenzará el juicio por el delito de "amenazas calificadas", en el que se encuentra imputada Mariela Fernanda Pérez Argüello, la mujer policía que sigue en funciones en la fuerza y de acuerdo a las constancias de la causa fue quien amedrentó a Eiriz, en los días previos a los que, se presume, los sicarios terminaron matándolo, para acallarlo. Los hermanos de la víctima, quienes el pasado lunes mantuvieron una reunión con la fiscal Carolina Carballido, quien estará a cargo de la acusación en el proceso, manifestaron que "es necesario que haya una condena con cárcel efectiva y no con una pena excarcelable", al mismo tiempo que, tal como vienen sosteniendo, se "profundice la investigación para saber quien asesinó a Gabriel, para que paguen tanto los autores materiales, como aquellos que instigaron este homicidio".
"La oficial Pérez Argüello será enjuiciada por amenazas calificadas, que prevé una pena máxima de hasta cuatro años de prisión. Ante tanta impunidad que hubo en este expediente durante todo este tiempo, pretendemos que como mínimo se dicte un fallo condenatorio y que no permita la excarcelación para esta mujer que sigue en funciones en la Policía Federal como si nada hubiese ocurrido. Mientras tanto la dueña de la casa donde se hacían las fiestas Amelie Alicia Storani Domínguez y el hombre que subalquilaba el lugar Ezequiel Salsamendi, a los que Gabriel había denunciado, apenas fueron llamados a declarar en la causa por su muerte", manifestó Gustavo Eiriz, en diálogo con DIARIO POPULAR.
Este caso de un asesinato aún sin esclarecer se remonta a ese momento en el que algunas casasquintas de La Lonja se desarrollaban fiestas clandestinas con música a todo volumen durante toda la madrugada, entre otras irregularidades, sin que las autoridades de la Municipalidad de Pilar (en esa época, el intendente era Humberto Zuccaro) intervinieran para que cesara esa situación que generaba inconvenientes a los vecinos. Gabriel Eiriz encabezó los reclamos colectivos y en particular, expresó su queja ante la dueña de la propiedad lindante a la suya para que dejara de alquilarla a un hombre, que era sindicado como el organizador de esos eventos, a los que concurrían decenas de jóvenes, con exceso de consumos de bebidas alcohólicas y la sospecha de ingesta de estupefacientes, que daban lugar al descontrol en esta zona residencial.
Según cuentan los familiares de la víctima, el organizador de las fiestas y la dueña de esa vivienda desestimaron los pedidos y a los pocos días, más precisamente el 13 de setiembre de 2013, empieza a recibir amenazas vía mensajes de texto a su celular desde un número desconocido, aunque quien los envía dice ser la prima de Storani Dominguez, determinándose que la autora de las intimidaciones es la oficial de la Policía Federal, Mariela Fernanda Pérez Argüello. Estas situaciones fueron denunciadas en varias oportunidades por Gabriel Eiriz.
En medio de estas circunstancias de amenazas de muerte, a las 0.30 del 8 de octubre, dos sujetos, que actuaron a modo de sicarios, lo ejecutaron de un solo disparo en la cabeza en el jardín de su casa donde vivía solo, aunque recibía periódicamente a su hijos de entonces 6, 9 y 12 años. Los homicidas escaparon, en una maniobra que fue advertida por un vecino, que lo asistió cuando agonizaba y de allí en adelante, la fiscal Cecilia Chaieb llevó adelante la investigación que apenas avanzó hasta este juicio que se inicia ahora por un episodio clave, pero anexo y con esta mujer policía como única imputada.
"A nuestro hermano, nadie lo cuidó, no le pusieron custodia, ni se tomó ninguna medida de prevención. Y lo que le anticiparon se terminó concretando, lo mataron por denunciar a los organizadores de las fiestas clandestinas. El mismo le dijo a los vecinos que si aparecía tirado en una zanja había tres personas que eran responsables, pero en seis años la Justicia no hizo nada", concluyeron Gisel y Gustavo Eiriz, quienes hace más de seis años vienen reclamando que "este crimen no quede impune".