Martín Santiago Del Rio, el presunto doble parricida de Vicente López, solicitó por cuestiones de salud su prisión domiciliaria en su casa del country Nordelta del partido bonaerense de Tigre, sin pedirle permiso a su esposa, quien aún vive en esa propiedad junto a los hijos de la pareja, y quien le pidió el divorcio a pocos días de su detención, informaron este lunes fuentes judiciales.
La presentación fue realizada por la abogada del acusado, Mónica Chirivín, a través de un escrito elevado al juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, y en el que concretamente solicita la morigeración de la prisión preventiva ya dictada al imputado.
El argumento central de la defensa de Del Río son los problemas de salud que padece el menor de los hijos de las víctimas José Enrique Del Rio, de 74 años y María Mercedes Alonso, de 72, quien desde el viernes pasado pasó a estar detenido en una cárcel común del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la Unidad 48 de San Martín.
"Martín Del Río se encuentra enfermo, padece de diabetes severa, hipertensión, y niveles altos de colesterol, el mismo está detenido desde el 7 de setiembre, y en este mes ha sufrido un agravamiento en su salud, no cuenta con la dieta estricta, y con el estrés postraumático de la pérdida de sus padres, y el encierro ha producido un fuerte descenso de peso, y algunos picos de glucemia, que lo desestabilizan, hasta elevar su presión, si bien por ahora tiene medicamentos, necesita otra alimentación y control médico", afirma Chirivín.
Pero además, argumenta que su representado -de 47 años- con una imputación por doble parricidio, corre riesgo dentro del sistema carcelario. "Este hombre nunca estuvo detenido, por lo que corre peligro su integridad física. (") Debe considerarse con el estigma que puede entrar a una Unidad Carcelaria, donde no tiene fuerzas para defenderse y mucho menos posibilidades de sobrevivir con su enfermedad", agrega la letrada, quien le pide al juez que apele a su "sentido humano", para no agravar la situación de Del Río y evitar "un mal irreversible".
Pero lo curioso de la petición es que la abogada propuso como domicilio para la prisión morigerada la casa del barrio Barrancas del Lago del country Nordelta, el sitio donde el acusado fue detenido cuando llegaba en su camioneta el 7 de septiembre y donde aún vive su esposa, quien a las 48 horas de la detención le pidió el divorcio, luego de que le imputaran el doble crimen y que se supiera que tenía una relación extramatrimonial con otra mujer.
"Él viviría en su casa, donde están dadas las condiciones para permanecer con un arresto domiciliario, mientras tramita el debido proceso, allí lo asisten sus hijos y su esposa", escribió la abogada, aunque tres fuentes judiciales vinculadas a la causa afirmaron que ni la esposa ni los hijos prestaron conformidad para que el imputado fuera a vivir a esa propiedad en caso de que el juez le otorgue el beneficio.
La primera opción que había barajado la defensa del presunto auto del crimen era proponer como domicilio para la prisión morigerada la casa que sus padres asesinados tenían en el country San Diego del partido bonaerense Moreno, pero su hermano mayor -quien declaró en contra de Martín y además es particular damnificado en la causa-, no accedió a entregar la llave ni le permite usar eventualmente esa propiedad.
Del Río padre y su esposa aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su auto en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López. Si bien la empleada Ninfa "Nina" Aquino fue la primera detenida, el juez de la causa la liberó por falta de pruebas y el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio.
En base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial recopilada por la fiscalía, el juez Costa dictó el 7 de este mes la prisión preventiva de Del Rio como autor de un "doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa" (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.
Para los fiscales, el móvil fue económico y está vinculado a la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares, y que Del Río hijo nunca pudo concretar.