El oficial Pablo Brítez habría sido identificado como el efectivo de la Prefectura Naval Argentina que disparó y mató al joven Christopher Rego, a pocos metros de no haberse detenido en un control vehicular en el barrio de Parque Patricios, mientras se intenta determinar quiénes fueron los otros dos uniformados que participaron en alterar la escena del crimen.
En tanto, el resto de los cinco imputados estarían vinculados en la posterior trama de encubrimiento del episodio, atribuido a un caso de gatillo fácil y que se pretendió hacer pasar como un siniestro vial o producto de un asesinato en el marco de un intento de robo, cuando la camioneta Peugeot Partner fue abandonada y hallada, minutos más tarde en la madrugada del pasado domingo, por personal de la Policía de la Ciudad.
Además, se precisó que la víctima, de 26 años y que había sido padre por primera vez el mes pasado, recibió dos impactos de bala en el pecho y la garganta, falleciendo cuando era asistido por los médicos del Hospital Penna; mientras que se encontraron otros tiros en la carrocería del vehículo,que había comprado recientemente para su trabajo en el reparto de carne y que al haber olvidado la documentación de la transferencia en la casa de un amigo, llevó a “Bocha” Rego a no acatar la orden de los prefectos.
En tanto, el fiscal Daniel Rodolfo Pablovsky, a cargo de la investigación de este episodio de violencia institucional, habría recibido la denuncia por las amenazas recibidas por el testigo clave, aquel vecino que filmó la secuencia en la que ejecutan a Rego, la posterior pretensión de ocultar evidencias y “plantar” pruebas de manera irregular. A esto se la suma el registro de varias cámaras de seguridad de la zona, en cercanías del límite entre Parque Patricios, Barracas y Nueva Pompeya. “Si hablás sos boleta”, trascendió que le dijeron al joven, quien conocía a la víctima del barrio, algunos desconocidos que llegaron hasta su domicilio, en momentos en que el hecho no había trascendido públicamente y se presume que su identidad se iba a mantener en reserva.
Al margen de este supuesto “testigo protegido”, otras personas que habrían declarado en el expediente habrían sido objetos de ciertas intimidaciones, en forma previa a conocerse que los ocho prefectos quedaron detenidos e imputados por el delito de “homicidio calificado”, agravado por el uso de arma de fuego y la condición de miembros de la fuerza de seguridad. Cabe recordar que se trata de Mariano Paredes, Rubén Viana, Javier Fernández, Gustavo Guevara Díaz, Pablo Brítez, Jaqueline Acosta, Cristina López y Lucila Carrizo. También se constató que se difundieron comentarios en el barrio y en las redes sociales “inventando relatos” sobre la persona de Rego, al que todos conocían como “un muchacho trabajador y fana de Huracán, como todos en su familia”.
Christopher “Bocha” Rego se dirigía a buscar a su pareja Luana, quien estaba con el pequeño Bastian (un bebé de 40 días), a un cumpleaños y al encontrarse con un control vehicular de la Prefectura en la avenida Amancio Alcorta no frenó por no contar con los papeles de su Peugeot Partner que se había olvidado en la casa de un amigo. No alcanzó a hacer diez metros, cuando lo ejecutaron a balazos y al recibir dos impactos, terminó chocando contra dos coches estacionados y estrellándose contra un poste de luz.
Antes de dejar abandonada la camioneta en la esquina de las calles Ancaste y Monteagudo, con el joven agonizando en el asiento del conductor con un balazo en la espalda y otro en el cuello, el vehículo presentando un tiro en el lateral derecha y otro en la parte trasera, mientras dos prefectos de acercaron y retiraron los casquillos de bala y alteraron la escena del crimen. Entre los agravantes del caso aparece que los prefectos ni siquiera habrían solicitado una ambulancia al SAME, ni avisado al 911, de acuerdo a los datos que manejan los investigadores del hecho.