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Conforman el 40 por ciento de los homicidios dolosos registrados en todo el país. Están vinculados al narcotráfico o a la mafia china. En el Conurbano, un asesino puede pedir desde cinco mil pesos.
El drama de los sicarios se vuelve cada vez más frecuente en la Argentina, donde este tipo de asesinos se cobran la vida de unas mil personas cada año, en hechos violentos y mayormente vinculados con el narcotráfico o con la mafia china.
Así se desprende de información aportada a DIARIO POPULAR por la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), cuyo titular Claudio Izaguirre señaló que un 40% de los homicidios dolosos en todo el país están ligados a estas cuestiones. Es decir que son 1.042 los crímenes de este tipo por año, tomando como referencia los 2.605 que figuran en el último relevamiento del Ministerio de Seguridad de la Nación.
En diálogo con este medio, el licenciado en Seguridad Pública Luis Vicat alertó además que la modalidad se extiende en todo el territorio argentino y detalló que “en el Gran Buenos Aires se puede contratar un sicario a partir de cinco mil pesos o, incluso, algunos reciben droga como parte de pago”.
En los últimos días hubo varios casos de este estilo, como el perpetrado en La Plata, donde el interventor de la UOCRA, Juan Garcilazo, fue ultimado en un presunto ajuste de cuentas. Otro episodio similar fue el relacionado con Norma Carleti, una empresaria de Tunuyán, Mendoza, quien, según sospechan los investigadores, fue mandada a matar por su ex pareja, el dirigente radical Leonardo Hisa.
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Para Izaguirre, “el que dio inicio al sicariato fue el episodio de Ruti”, donde una persona murió durante una lluvia de disparos en medio de una procesión en la Villa 1-11-14. “A partir de allí es una profesión en expansión en Argentina, dada la impunidad con la que han contado sus predecesores a lo largo de los últimos años. Puede prestar servicios al narcotráfico o a distintas mafias asentadas en el país, como la Ndrangheta, Tríadas chinas o la Yakuza japonesa”, apuntó.
El titular de la AARA consideró que “uno de los casos más resonantes es el de Nicolás Faeda, de tan solo 23 años, que contaba al momento de su detención con 74 causas penales abiertas y por cada trabajo cobraba 20 mil pesos”, aunque aclaró que “hay diferencia de precio y ejecutor según el tipo de individuo a desactivar”.
“En objetivos de alta gama, se contrata a ciudadanos colombianos o mexicanos que cobran por adelantado el trabajo. Arriban a la Argentina, hacen la inteligencia previa y con el pasaje de vuelta en su poder ejecutan al señalado para dos o tres horas más tarde estar fuera de Argentina, ya sea en Ezeiza o en algún catamarán rumbo a Carrasco o Montevideo”, detalló.
Diferencias con un “killer”
Al respecto, el licenciado Vicat aseguró que “en el Gran Buenos Aires se pueden contratar a partir de 5 mil pesos” y advirtió que “muchas veces se da entre facciones rivales, como en el narcotráfico, entonces se paga con medio kilo de droga”.
En cuanto a su accionar, los diferenció de un “killer”. “No son asesinos a sueldo que se mueven de manera mucho más sofisticada y hasta hacen parecer que fue un accidente. El sicario ejecuta aunque haya terceros alrededor y lo hace con ametralladoras, en medio de la calle, sin problemas de matar y huir”, reveló.
Surgieron en Colombia
En ese sentido, el especialista destacó: “Si bien es una figura importada, que arranca en Colombia, hoy se extendió a Latinoamérica y en Argentina tuvo una variable, ya que nació con los ataques a supermercados chinos. Primero se importaba a los asesinos, pero ahora se contrata a una gran cantidad de gente de nuestro país”.
Sobre esta mutación de los sicarios, confió que “ahora existe una tendencia a la agrupación, a que trabajen en grupo” o, incluso, “un motochorro termina transformándose en sicario porque ya tiene el vehículo, el arma y le pagan un poco más”.
“Muchas veces se confunde un hecho que realmente es a mano de sicarios con un asalto a mano armada que termina mal. Existen muchísimos casos, pero, como no es una figura jurídica, cuando se judicializa el hecho esta problemática no aparece en las estadísticas oficiales”, expresó Vicat.