Afirman que el narcotráfico no era un tema prioritario

El funcionario también sostuvo que la eficacia del organismo que preside “depende de su capacidad de trabajar de manera autónoma respecto del poder político”, y detalló los resultados del “decomiso anticipado”, y los planes para controlar mejor las cuentas de la administración pública.

-¿Qué es la UIF y cuál es hoy su misión?

-Es el organismo encargado de prevenir e impedir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Cuando llegué, hace dos años, estaba en crisis, no había una visión de la importancia de la transparencia para el sistema económico financiero. Dejar que ingresen al país estas inversiones, desalienta las inversiones sanas, de largo plazo y que crean fuentes de trabajo. Se lo expliqué al presidente (Mauricio) Macri, le dije que permitir que entren capitales espurios además de contaminar nuestro sistema, le permite a los delincuentes ser más poderosos y acumular más riqueza. Macri lo entendió muy bien y fijó este tema entre sus prioridades. Hoy, la Argentina pasó de estar en la lista gris del GAFI (donde están los países con graves deficiencias para combatir estos delitos), a presidir este año el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo intergubernamental que se ocupa del tema). Hoy está el compromiso político con esa agenda, y el mundo nos dio una oportunidad de liderazgo porque se dio cuenta.

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-¿En qué se ve ese cambio de agenda?

-De 2001 a 2015, hubo solamente 10 condenas por lavado, con la UIF de querellante. Nosotros en dos años ya conseguimos 11 condenas más. O sea que en dos años se hizo más que en los 15 anteriores. Además, hoy la UIF es querellante en 140 causas, el doble de las que había cuando llegamos. Un 40 por ciento son por narcotráfico, 30 por ciento por corrupción y el resto son otras manifestaciones del crimen organizado, como trata de personas, tráfico de armas y evasión.

Empezamos con una cantidad de bienes embargados de alrededor de 75 mil millones de pesos y ahora estamos en 321 mil millones. El foco estaba en las personas, y nosotros lo pusimos en los bienes, para identificarlos, incautarlos y embargarlos. Así, cuando llega la condena, se pueden decomisar a favor del Estado.

-¿Cual es la clave para combatir el crimen organizado?

-La confianza. Todo el primer año de trabajo fue para reconstruir la confianza de nuestras fuentes de información: bancos, contadores, escribanos, comerciantes, todos los que la ley obliga a reportar operaciones sospechosas. Aprobamos la ley de sinceramiento fiscal que les otorga protección, y prohíbe a la UIF revelar su fuente, incluso por la seguridad del informante. Dio resultados y la información empezó a fluir, entonces nos fuimos posicionando en las principales causas de lavado y narcotráfico.

-¿En qué causas hoy son querellantes?

-La mayoría son causas penales por narcotráfico, como Carbón Blanco, La Jaqui, Luis XV o el clan Alé. El narcotráfico logró penetrar fuerte en la Argentina porque el tema no era una prioridad en los gobiernos anteriores. Cuando se desatiende la importancia de prevenir el lavado, se alienta el narcotráfico. También empezamos a meternos fuerte en causas de corrupción, como Lázaro Báez, la ruta del dinero K, Austral Construcciones, Hotesur, Los Sauces, Sueños Compartidos. Pero además de ser querellantes, colaboramos en muchas otras causas, aportando inteligencia a la Justicia.

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-Las que mencionó están vinculadas al kirchnerismo. ¿No investigan ninguna de este gobierno?

-Sí, ya tuvimos la posibilidad de investigar a funcionarios del propio Poder Ejecutivo, en el que estamos emplazados, incluso al propio Presidente con los Panamá Papers. Justamente la eficacia de la UIF depende de su capacidad de trabajar de manera autónoma respecto del poder político, sin ninguna injerencia sobre su trabajo.

-¿Cómo se combate el narcotráfico en las fronteras, que siempre fueron un punto débil?

-La frontera norte era la más vulnerable, por donde ingresaba la mayor cantidad de droga. Vimos en qué causas penales querellaba la UIF en zona de frontera, y no había ninguna. Entonces creamos agencias regionales para tener más presencia en el territorio, y para generar vínculos con la Justicia y las fuentes de información. Abrimos una sede en Salta que cubre NOA y otra en Posadas que cubre NEA y Litoral. Con esas oficinas controlamos toda la frontera norte y eso nos permitió estar en gran cantidad de querellas.

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-¿Cómo se recupera el dinero de la corrupción cuando los senadores nunca votaron la Ley de Extinción de Dominio (apunta al decomiso de bienes adquiridos con dinero espurio) que proponía el gobierno?

-Pusimos en funcionamiento el decomiso anticipado, sin condena, cuando se dan ciertos supuestos muy específicos. Se aplicó por primera vez con las valijas de Antonini Wilson (el venezolano que ingresó ilegalmente al país 800.000 dólares en 2007) y la Justicia lo concedió. Este es el resultado que queremos, con el foco puesto en el recupero de bienes.

-¿Van a avanzar para que todas las transacciones del Estado sean bancarizadas?

-Sí. Además detectamos que había que regular el tema. Los bancos asumían que el dinero en cuentas públicas tenía origen y destino incuestionables. La experiencia empírica en la Argentina demostró que eso permitía que se desviaran fondos a otros destinos. El año pasado, sacamos un regulación que obliga a los bancos a monitorear los movimientos de las cuentas del sector público. Si viene el apoderado del Concejo Deliberante “X” a sacar 100 millones de pesos en efectivo, tiene que explicar qué paga, quién dio la orden, y queda todo documentado en el legajo de la cuenta.