Mientras el gobierno nacional quiere dejar atrás el escándalo por el recorte en las pensiones por discapacidad, la senadora Liliana Negre de Alonso presentó ayer en la justicia un recurso de amparo para impedir el bloqueo de los pagos a los 70 mil beneficiarios damnificados.
La senadora por San Luis se presentó ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1 para frenar las cancelaciones de pensiones por discapacidad aplicadas por el gobierno nacional.
El escrito hace mención, entre otros, a los derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Preámbulo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la Constitución Nacional.
“Vengo a interponer una acción de amparo contra el Ministerio de Desarrollo Social, con domicilio en Avenida 9 de Julio 1925 Piso 14º, con el objeto de que se revoquen todas las decisiones de cancelaciones o suspensiones de pensiones por discapacidad, adoptadas en el marco del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 432/97, en razón de la inconstitucionalidad de sus normas”, señala el documento.
Lo cierto es que en el gobierno continuaron ayer defendiendo la medida adoptada por el Ministerio de Desarrollo Social aunque admitieron errores en la aplicación y en la comunicación.
“Todo esto le hizo daño a Carolina (Stanley). Hubo errores y se comunicó mal. Cuando se puso el ejemplo de los pueblos donde había más pensiones que habitantes ya era tarde”, explicó ayer una fuente gubernamental a este diario; por ejemplo el fin de semana se difundió que hasta la última auditoría unos “8 mil muertos cobraban el beneficio”.
Ante la lluvia de críticas hacia el gobierno por dar de baja pensiones de $ 5 mil para discapacitados, el oficialismo utilizó hace una semana a Guillermo Badino, titular de la Comisión Nacional de Pensiones -un cuadro técnico de Desarrollo Social-, para dar los argumentos del caso: la necesidad de depurar el listado luego de un uso clientelar, cuáles eran los requisitos para cobrar el beneficio y la recomendación de ASDRA para que personas con síndrome de Down no perciban la pensión “ya que tienen una oferta de trabajo espectacular” según su particular argumentación.
La defensa mediática no dio resultado y tuvo que salir la ministra Stanley a poner la cara. El jueves pasado la funcionaria anunció que se analizaría caso por caso y esta semana comenzarían a pagarse las pensiones canceladas por error. Con todo, su imagen pública quedó afectada.
Es por eso que ayer se mostró con Mauricio Macri y Gabriela Michetti en un claro gesto de apoyo político luego que quedara expuesta por la crisis.
Ayer por la mañana Stanley se mostró con el presidente Macri durante una recorrida por un predio de la Fuerza Aérea en Quilmes donde hay mercadería incautada por la Aduana que comenzó a distribuirse en sectores de alta vulnerabilidad social. Por la tarde participó de la reunión de gabinete social en el Salón de los Científicos, de Casa Rosada, junto a Jorge Triaca (Trabajo), Esteban Bullrich (Educación), Jorge Lemus (Salud), el vicejefe de Gabinete Mario Quintana -señalado desde algunos sectores como el factótum del recorte por motivos fiscales- y Michetti.
Es que la polémica la vicepresidenta quedó en una situación por demás incómoda: el escándalo cobró agenda días después que presentara en Plan Nacional para la Discapacidad.
En las últimas horas circuló la versión que Badino podría convertirse en el fusible del conflicto y dejar su cargo del ministerio que ocupa el histórico edificio enclavado en la avenida 9 de Julio. Desde su entorno negaron ayer a este diario que vaya a renunciar. Lo cierto es que habrá que esperar cómo evoluciona el tema: aún son varios los funcionarios que defienden el ordenamiento de los listados y el entrecruzamiento de datos para identificar pensiones truchas.
El costo político de la medida -emparchada a medias con el anuncio del repago de muchas de las pensiones caídas- generó malestar en el ala política del gobierno