El juez federal Ariel Lijo sobreseyó al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en una causa en la que se lo investigaba por abusado de autoridad y otros presuntos delitos por la supuesta compra de equipos y software para implementar el voto electrónico, pese a que el Congreso no aprobó esa modalidad de elección.
A fines del año pasado, el fiscal federal Guillermo Marijuan había pedido abrir una investigación contra Ibarra en base a una denuncia fue realizada por la abogada Valeria Laura Carreras, quien pidió que se investigue un acuerdo suscripto con Corea del Sur para implementar el “gobierno electrónico”.
La denuncia incluía un artículo periodístico del diario La Nación en el cual se afirmaba que ya había un acuerdo con funcionarios en Seúl para que Corea participe en la licitación de máquinas y software de voto electrónico, e incluso ya habían llegado las primeras máquinas al puerto de Buenos Aires.
La abogada pidió que se investigue si Ibarra pudo haber cometido los delitos de “malversación de caudales públicos”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
Lijo pidió información a distintos organismos públicos y la Aduana negó que hubieran llegado al país las máquinas para implementar el voto electrónico, mientras Ibarra hizo un descargo por escrito. El ministro afirmó que lo único que había puesto en marcha era un “análisis de factibilidad” en momentos en que el Gobierno enviaba al Congreso un proyecto de ley para intentar aplicar el voto electrónico, pero sin ningún llamado a licitación, compra o “compromiso” alguno.
Según se informó, las empresas Microsoft, MSA, Carvajal Tecnología y Servicios, Smartmatic, Unitec Blue, Intel, Indra y representantes del gobierno de Corea del Sur solicitaron audiencias para explicar sus ofertas. Lijo obtuvo una copia de un acuerdo con Corea del Sur de junio del 2016 para “intercambiar experiencias en el área del gobierno electrónico”.
Al sobreseer a Ibarra, Lijo sostuvo que “en ningún momento del expediente se desprende la existencia de reuniones o promesas de negocios, procesos licitatorios o adquisiciones en concreto, del material necesario para llevar adelante la reforma electoral, es decir, las máquinas y el software del voto electrónico”.