Política
La defensa del ex jefe de Gabinete había cuestionado el requerimiento fiscal que abrió la investigación, lo cual fue desestimado por Bonadío: la Sala II adoptó el mismo criterio.
La Cámara Federal rechazó un planteo de nulidad del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández contra la validez de la causa por las compras para el Plan Qunita, en la cual fue procesado. Se trata de la causa por irregularidades en la licitación para la compra de planes asistenciales para mujeres embarazadas y por la cual días atrás el juez federal Claudio Bonadío procesó a Fernández y a los ex ministros de Salud, Daniel Gollán y Juan Manzur (este último actual gobernador de Tucumán), por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario.
La defensa de Fernández había planteado la nulidad de todo lo actuado en la causa que lleva adelante el juez Bonadío, al cuestionar el requerimiento fiscal que dio apertura a la investigación. En primera instancia, el planteo fue desestimado por Bonadío y el ex funcionario apeló ante la Cámara.
La Sala II del Tribunal confirmó el rechazo de la nulidad pues, a diferencia de lo sostenido por Fernández, consideró que "de la lectura del dictamen fiscal aludido se desprende que de forma sencilla y provisoria describe suficientemente los hechos -sin poder identificar fehacientemente a los imputados- de conformidad con el precario grado de conocimiento que caracteriza este estado inicial del proceso".
La causa se inició tras una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña a raíz de la compra de 140.000 kits del Plan Qunita, que fue presentado por la ex presidenta Cristina Kirchner en enero de 2015 y consiste en que todas las mujeres beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) reciban una cuna, sábanas, frazada y otros elementos básicos para la crianza del recién nacido.
La compra fue hecha el 8 de junio del año 2015 a las empresas Fasano SRL., Grupo Diela SRL., Compañía Comercial Narciso SRL., Fibromad SA., Delta Obras y Proyectos SA. y Dromotech SA., las que proveerían entre todas un total de 140.000 kits.
Bonadío en su resolución detalló la cadena para aprobar el expediente de licitación de compra y recalcó que mientras el precio fijado por la SIGEN fue de 4.096,37 pesos y del propio Ministerio estimado en 4.500, se pagó en valor promedio por cada kit la suma de 7.800.
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