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El Ejecutivo explicó que el número de beneficiarios se multiplicó por 10 desde 2003 por un uso clientelar, aunque aclaró que si algún pensionado "es dado de baja en forma errónea, las rehabilitaciones se realizan con pronto despacho y con acreditación retroactiva de los fondos". Los casos más sensibles y las críticas a la medida
Que el número de beneficiarios se multiplicó por 10 desde 2003 por un uso clientelar, que se compraban certificados médicos truchos y que la reglamentación que autoriza los pagos se utilizaba desde antes de que asumiera Cambiemos son algunos de los argumentos que ayer utilizó el Gobierno para atenuar el escándalo por la suspensión de pensiones no contributivas a discapacitados. Algo que, para especialistas en tema previsionales, es contrario a los derechos legales que asisten a estas personas.
Las denuncias por el cese del beneficio debido a un uso generalizado por parte del Ministerio de Desarrollo Social del decreto 432 del año 1997 dispararon críticas de la oposición. En un año electoral, el Gobierno sintió el cimbronazo y decidió salir a dar explicaciones y rechazar que haya una política activa para dar de baja pensiones por invalidez para cumplir con la meta de reducción del déficit fiscal.
Guillermo Badino, titular de la Comisión Nacional de Pensiones de la cartera, explicó a DIARIO POPULAR que los requisitos son los mismos que contempla esta reglamentación desde hace 20 años y que nunca se dejaron de utilizar. Admitió, con todo, que quedan afuera del beneficio quienes tengan cónyuges que cobren salarios desde $20 mil pesos o tengan autos patentados desde 2014.
“El programa tuvo un manejo discrecional: en 2003 había 180 mil beneficiarios y luego hubo un pico de 1.800.000 en 2015. El anterior Gobierno dejó un millón y medio de pensiones y hoy estaremos en esa cifra que es dinámica porque hay altas y bajas”, explicó el funcionario.
En el oficialismo decidieron salir a responder las acusaciones: para ello decidieron recurrir a un funcionario técnico y de paso no exponer a la ministra Carolina Stanley. De acuerdo al oficialismo, las quejas por la baja o suspensión del subsidio se han dado mayormente en personas de clase media.
“Esta reglamentación fija criterios para personas discapacitadas de altísima vulnerabilidad: en 2015 se habían suspendido a 168 mil. Pero hemos visto que igualmente se distribuía en locales políticos: hay pueblos con el 100% de la población inválida, otro con el 38% del padrón en esa condición y también se vendían certificados médicos truchos para conseguir los pagos”, sostuvo Badino.
Empero, no pudo dar precisiones sobre la cantidad de beneficios caducados en estos meses. Respecto a la necesidad económica que pueden tener familias con ingresos por $20 mil o un auto posterior al 2014 de obtener tales pensiones, Badino dijo que “es la forma en la que definimos vulnerabilidad. Y existen otros programas para asistir a estas personas”.
Negó que la revisión de los beneficios se deba a un tema presupuestario: “Seguimos dando pensiones todos los días: cada mes, 10 mil personas se acercan para solicitarlas, por lo que se someten a un proceso de revisión”. No obstante, admitió que ante la ola de denuncias pudo haber algún error en la suspensión de la prestación. “Por separación de algún cónyuge o falta de documentación. Pero nunca dejan de tener cobertura de salud y se puede rever ya que se puede acreditar una caja de ahorro en el Banco Nación en un rato”, remarcó.
Por último, Badino se refirió a una denuncia de una baja para una persona con síndrome de down: “ASDRA (la asociación síndrome de down) nos ha dicho que no quiere que les demos pensiones ya que tienen una oferta de trabajo espectacular”.
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Fuego cruzado
A Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, esa argumentación no le resultó creíble -“es ofensivo: el Estado debe garantizar necesidades básicas para que después puedan salir a buscar trabajo”- y repudió el recorte general en el pago de los beneficios por invalidez.
“Esta reglamentación se aplicaba muy relativamente antes de diciembre de 2015. Pero igual es monstruosa porque viola el espíritu de la propia ley. Precisamente al suponer que los recursos del núcleo familiar están al servicio del discapacitado, niega los derechos propios que tienen”, comentó.
En este sentido, el funcionario porteño amplió que “niegan el derecho a la persona con discapacidad y la someten a la suposición que la familia se tiene que hacer cargo” de ella. En tanto, Semino rebatió el argumento oficial de que las suspensiones se producen en forma automática al entrecruzarse datos con la base de Anses: “Nunca se puede suspender un beneficio salvo probada irregularidad y eso es difícil de mensurar en forma automática”.
La Defensoría de la Tercera Edad recibe reclamos de beneficiarios por este tema desde diciembre pasado. “El requisito del auto particular tampoco es válido: muchos discapacitados lo usan, como están adaptados, como una herramienta para la vida cotidiana”, indicó.
Y remató: “Es una excusa que digan que tienen otros programas del Gobierno para quienes pierden la pensión. Si hubo un uso político en la distribución, que denuncien a los funcionarios. Pero, al igual que los certificados médicos truchos, deben ser casos puntuales”.
Desde el GEN, la fuerza que lidera Margarita Stolbizer, advirtieron que la medida "es violatoria de todos los tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que, desde 2014, en Argentina tiene jerarquía de constitucional".