El gobierno nacional puso de manifiesto las diferencias internas respecto de la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou, ya que algunos señalaron que se trata de “una cuestión de índole procesal”, mientras que otros manifestaron que les “dolió” la situación.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, mostraron posturas diferentes ante la decisión de la Cámara Federal de otorgarle la libertad bajo palabra a Boudou en la segunda causa judicial por la que se encontraba con prisión preventiva en el penal de Ezeiza.
Alonso señaló que la excarcelación del ex vicepresidente “es una cuestión de índole procesal” y recordó que “está siendo enjuiciado en la causa por el escándalo de la imprenta Ciccone”, al tiempo que justificó el otorgamiento de la caución juratoria, esto es el juramento de que va a responder los requerimientos de la Justicia.
“Hay que ser justos en esto. La Oficina Anticorrupción debe decir institucionalmente que Boudou siempre ha estado sometido a derecho, ha ejercido su derecho a defensa plenamente. En ese sentido, no hay un peligro de fuga”, señaló la funcionaria.
La secretaria de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción indicó, además, que en la decisión de la Cámara Federal “hay un mensaje muy fuerte hacia el juez instruyó la causa de los viáticos y la de enriquecimiento ilícito”, en referencia al magistrado federal Ariel Lijo.
En ese sentido, analizó que se trató de “un mensaje respecto de la inacción o la falta de dinamismo en estas causas por casi cinco años” y afirmó que “se valora como excesiva esta medida de prisión preventiva”.
“Todo el mundo tiene que entender cuál es el proceso judicial, que es complejo, que Amado Boudou está siendo enjuiciado, está en el banquillo de los acusados. Espero que antes de la feria judicial de invierno haya condena”, agregó.
Al respecto, la ex diputada nacional del PRO destacó que “en la instrucción de las causas judiciales se define después el futuro por la absolución o la condena del funcionario público”.
“Por eso es muy importante el mensaje particular hacia el juez Lijo, que es el que ha instruido en estas dos causas, pero también hacia los demás jueces sobre la importancia de cumplir a rajatabla con todos los pasos y los procesos del Código Procesal Penal para evitar situaciones que generen expectativas que después terminan siendo demolidas por decisiones de tipo procesal”, añadió.
La diputada Graciela Ocaña fue lacónica con un mensaje en su cuenta de la red social Twitter. “Una vergüenza”, sentenció ante la noticia.
Su par de Cambiemos, el diputado Fernando Iglesias, consideró esta que la decisión de la Cámara Federal porteña es “una amargura” para todos los que quieren “ver justicia en nuestro país” y se preguntó por qué no hubo “avance de la causa” después de una prisión preventiva de más de dos meses.
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