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Ser país "emergente" no redundará en beneficios inmediatos para la economía real, pero era una noticia que esperaba deseoso un gobierno necesitado de señales positivas. Lo fue también en este contexto el arreglo de los camioneros. Fuerte enojo del Vaticano por la media sanción del aborto.
Consecuencias de gobernar en minoría: Cambiemos recién pudo aprobar la reforma del mercado de capitales a los dos años y medio de gestión. El primer proyecto que presentó, jamás pudo avanzar. Después de ganar las elecciones, mandó otro al que le cambió el nombre -Financiamiento Productivo se llamó- al que logró aprobar en Diputados en noviembre del año pasado, pero luego el Senado le hizo modificaciones: el tema seguía pendiente.
En una carrera contrarreloj recién pudo convertirlo en ley el 9 de mayo pasado, tras haber tenido que levantar dos sesiones en las que pretendía tratarlo, en plena pulseada con una oposición obsesionada entonces con la emergencia tarifaria. La tercera fue la vencida, pero para eso Cambiemos debió pactar con el bloque Justicialista que le diera quórum para la sesión especial en la que se aprobó esa ley y la de Defensa del Consumidor, y luego permitió que la oposición pudiera avanzar con la media sanción al proyecto para retrotraer tarifas y abaratarlas.
El presidente Macri había pedido en la Asamblea Legislativa de este año la Ley de Financiamiento Productivo, a través de la cual el gobierno busca dar una fuerte señal al exterior sobre el fortalecimiento del mercado financiero argentino. Su aprobación debía salir antes de fines de mayo, pues tres semanas después el MSCI (Morgan Stanley Capital International) iba a resolver si nuestro país atravesaba el umbral para volver a ser un “mercado emergente”. Categoría de la que habíamos sido eyectados en 2009, cuando el gobierno de Cristina Kirchner restringió el flujo de capitales.
Contra todos los pronósticos, Argentina logró esa recalificación para la que las autoridades económicas venían trabajando desde hacía tiempo. Esas estimaciones agoreras estaban basadas -se entiende ahora que erróneamente- en el contexto complicado que la economía comenzó a sufrir a fines de abril. Había llegado incluso a trascender información que daba cuenta de un rechazo de MSCI, cuando en realidad nadie podía tener esa información que se guarda celosamente, al punto tal de que cualquier filtración podría generar cuestiones penales.
Lo cierto es que la Argentina había cumplido los encargos formulados para convertirse en emergente; no lo había conseguido el año pasado, cuando precisamente faltaba esa reforma del mercado de capitales. Habría habido también señales positivas desde el Fondo Monetario para que MSCI no volviera a corrernos el arco. Por eso había una cauta confianza en el gobierno, donde se cuidaban de expresar el menor esbozo de optimismo. Quemados con leche innumerables veces a estas alturas.
El Día de la Bandera se festejó fuerte en un gobierno ávido de buenas noticias. Porque pasado el mediodía el directorio ejecutivo del FMI aprobó el acuerdo en favor de la Argentina por 50 mil millones de dólares. Y cuatro horas después, se conoció la decisión de Morgan Stanley Capital International. Una razón más para que el gobierno se sienta incomprendido tierra adentro, cuando en el exterior sobran alabanzas.
“Es una buena noticia”, coincidieron todos los analistas y dirigentes que opinaron del tema, salvo los de la oposición dura. Mas todos coincidieron en que la noticia positiva no tendrá efectos inmediatos, salvo la recuperación del precio de las acciones. Pero tardará en verificarse -si sucede- en la economía real. Esa para la cual los aliados de Cambiemos, radicales y lilitos, insisten en que hay que atender en un contexto recesivo. De cara a un año electoral, la economía no ofrece ninguna señal de aliento.
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Tampoco la alegría del miércoles feriado fue plena pues también ese día se conoció el blanqueo de 4 millones de dólares a través de una offshore por parte de un hermano del Presidente. La familia Macri no deja de darle malas noticias al mandatario.
Aunque pareciera lo contrario, una buena fue el arreglo del gremio camionero con las cámaras transportistas. Porque si bien rompió la pauta paritaria impuesta por el gobierno, lo cierto es que Moyano no modificó el pedido inicial, que hasta llegó a moderar -pedía 27%, cerró en 25-, a pesar de la disparada del dólar. El gobierno amagó a través del Ministerio de Trabajo no convalidar el entendimiento, pero pareció fuego de artificio. Claramente podía haber sido peor.
El arreglo permitió de paso desactivar el paro de 48 horas de los camioneros previsto para esta semana, que hubieran sido 72, sumando el paro nacional de este lunes. Todo se mueve en camiones en esta Argentina precarizada en materia de transporte: los caudales y la basura, por citar dos elementos cuya carencia y exceso -respectivamente- generan pronta exasperación.
El de mañana será el tercer paro contra el gobierno de Mauricio Macri, que hace rato había asimilado la inexorabilidad de la huelga. Casi hasta como una concesión hacia los gremios con los que no se llevó mal estos años, y que necesitan hacer una medida de fuerza para descomprimir su propia situación, tanto en el frente interno como externo. El gobierno aceptó la inviabilidad de tratar de forzar el levantamiento de un paro que será muy fuerte, aunque tampoco tenía más elementos. Tiene otras preocupaciones que le absorben el ciento por ciento de la atención, como es la situación de los mercados, que finalmente encontraron cierta calma la última semana. Pero no puede hablarse de solución con tasas al 47%.
Propios y extraños advierten que en cualquier momento puede a haber nuevos respingos, tan frágil es la situación actual. Pero en este día a día tan hostil, haber terminado la semana con relativa calma es al menos lo que deseaba el equipo económico. El dólar cerró el viernes perforando la barrera de los $28, hacia abajo; es precisamente la franja en que las autoridades quieren que quede la moneda norteamericana, tal cual confió aun antes de asumir el nuevo ministro de Producción, Dante Sica.
En la Rosada hubieran preferido un dólar a 25, cifra a la que se habían resignado, pero no les quedó más que admitir otro repunte y aceptan que ya no conviene que baje. Desde Hacienda les dijeron que así está bien, y que no deben volver a admitir que se atrase. Será una experiencia casi inédita ver cómo lo hacen en un año electoral.
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La conflictividad social irá in crescendo, esa es otra de las obvias consecuencias de un ajuste severo. Después del paro, los gremios se activarán para reclamar una recomposición que atienda el nuevo contexto inflacionario. Sobre todo porque quedaron desfasados con relación a los camioneros. Hay paritarias estatales que tampoco han sido cerradas, como la de la provincia de Buenos Aires. Se hizo eco de eso el presidente de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones, definido por muchos como el obispo más cercano al Papa Francisco. En la previa de la Semana Social no solo avaló el paro general del lunes, sino también le apuntó directamente a María Eugenia Vidal al cuestionar que “a algunos trabajadores se les dé un 25% de aumento y a los docentes un 15% en tres cuotas”. Delante de la propia gobernadora, Lugones deslizó en otro pasaje: “Sin justicia social va a ser muy difícil llegar a la paz social. Construimos cárceles pero no habilitamos hospitales”.
Vidal y la ministra Carolina Stanley -también presente en el cónclave celebrado en Mar del Plata- estuvieron hace pocos días con el Papa en Santa Marta. Fue en la previa de la votación sobre el aborto, cuestión a la que en gobierno adjudican esta “radicalización” -tal el término que usó un funcionario- de la Iglesia ante el gobierno. No pasaron desapercibidos los mensajes papales posteriores a la media sanción, en los que pasó de comparar el aborto con los crímenes del nazismo, para luego cuestionar la modificación de la Ley de Medios y sugerir que “así empiezan las dictaduras”.
En el Vaticano están “desilusionados” con la actitud del gobierno respecto del aborto, pues interpretan que más allá de la “prescindencia” pregonada, accionaron en el tramo final de la sesión para posibilitar la media sanción. En el gobierno lo niegan.
De cara al debate en el Senado, una ferviente militante católica como la vicepresidente Gabriela Michetti abrió la polémica girando el proyecto a cuatro comisiones, en lo que la oposición que ahora apura la aprobación -léase Miguel Pichetto y Cristina Kirchner- atribuye a una maniobra “dilatoria”. Es probable que este miércoles se unan en el recinto para modificar esos giros. De hecho, el tema aún no figura en el temario para comenzar a ser debatido.
Los sectores que promueven la despenalización querían que a mediados de julio saliera la ley; quienes manejan los hilos del Senado no tienen apuro y piensan en agosto, pasado el Mundial, el receso legislativo y ya en los albores de la campaña electoral.