Caamaño y el reconocimiento facial porteño: "Estamos en peligro"

"La gente tiene otros problemas y no le parece algo grave el espionaje porque cree que esto no le va a pasar. La gente ve lejana la posibilidad de que lo espíen, pero estamos todos en peligro porque no hay estado de derecho", afirmó Caamaño esta mañana en declaraciones a Radio 10.

El martes pasado, la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tras detectar un supuesto uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

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La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.

Al respecto, la interventora de la AFI señaló que "el espionaje ilegal es parte de la naturaleza de ellos. No importa cómo se llamen Pro, Cambiemos o Juntos por el Cambio. Siempre espían".

"A pedido de un juez, las cámaras son bien usadas y está buenísimo que haya muchas cámaras porque pueden detectar justamente a las personas prófugas o en otros casos pueden detectar a personas cometiendo un ilícito o poder trazar un recorrido utilizando bien las cámaras", advirtió Caamaño.

Pero, aclaró: "Ellos -el macrismo- siempre terminan dándole un uso ilegal. Terminan ilegalizando lo legal, porque las cámaras están bien, ya sea cuando lo agarran in fraganti y lo van a llevar ante el juez o en el caso del que el juez pida que se fijen por donde estuvo una persona".

"Sin embargo, ellos hacen algo ilegal desde que (Mauricio) Macri era jefe de Gobierno porteño. Siempre terminan haciendo algo ilegal que en el principio es legal", aseveró.

Caamaño además resaltó que "es muy raro" la situación de espionaje ilegal a propios socios políticos porque "entre los espiados está (Gerardo) Morales, (Elisa) Carrió y Patricia Bullrich".

Al ser consultada sobre las razones por las que los integrantes políticos de Juntos por el Cambio no se van del espacio tras ser espiados por sus propios socios, Caamaño recordó la frase del expresidente Macri: "Cuando dijo 'quien saca los pies del plato desaparece' era literal".

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Caamaño insistió en la sospecha de que las cámaras que grababan las reuniones en la sede del Banco Provincia "fueron puestas por la AFI".

"Yo ya dije que el gobierno (de Cambiemos) había sido mafioso por todo lo que había hecho con la Agencia Federal de Inteligencia", apuntó.

Asimismo, Caamaño consideró que en el macrismo "deben tener grabaciones, filmaciones y escuchas de todos y entonces lo puede decir así tan tranquilamente".

Al finalizar, la interventora de la AFI aseguró que "con el presidente Alberto Fernández estamos en un estado de derecho pleno y se respetan todas las garantías".

En la resolución judicial, el juez Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.

Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.

Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.