Cambio de Gobierno: polémica por cargos que seguirán pese al traspaso

Se trata de un convenio rubricado por el estado nacional y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) a través del decreto 788 publicado durante el día de ayer en el Boletín Oficial, que es defendido por ambas partes.

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Desde Modernización salieron a respaldar la normativa dado que, a su entender, agiliza la realización de concursos para la alta dirección pública y de esta forma garantiza que haya más cargos "concursados" y no elegidos arbitrariamente.

Sin embargo, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) denunció en la víspera que la homologación del nuevo régimen permite "exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente".

Para Rubén Ramos, titular de AGAE, "es un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza, fue judicializada por esta organización gremial por afectar gravemente el ‘derecho a la carrera’ consagrado en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales", argumentó el sindicalista sobre el la referida actaacuerdo que comenzará a regir el próximo 1° de enero.

De acuerdo al gremio, se podrían beneficiar unos 3550 agentes -entre los que se cuentan directores nacionales, directores generales, directores y coordinadores que podrían ser salientes-, que podrían acceder a una indemnización en caso que la nueva administración diera de baja sus designaciones.

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"Para entender mejor de qué se trata, es útil contextualizar lo descripto: el acuerdo fue firmado poco antes de las elecciones del 27 de octubre, mientras que su homologación se produce a dos semanas de la asunción de las nuevas autoridades de gobierno", aseguró Ramos que tildó la normativa de "oportunista" por parte de las autoridades que están por dejar sus despachos y escritorios que ocuparon durante los cuatro años de la gestión macrista.

Por otra parte, en un mensaje dirigido a la administración que liderará Alberto Fernández desde el próximo 10 de diciembre, el sindicalista que representa a los abogados del Estados subrayó que "confiamos en la predisposición al diálogo que se anuncia para los tiempos que vienen por parte de las autoridades entrantes, dejando atrás decisiones tomadas a espaldas de los intereses de los trabajadores".

Sin embargo, desde Modernización negaron las acusaciones y ponderaron el acuerdo alcanzado con el mayor gremio de estatales que, a su entender, permitirá agilizar los nombramientos de funcionarios que hayan ganado concursos.

Esta semana la cartera hará público un balance de los cambios en el estado ejecutados por la actual administración. Uno de los legados es una reducción del 18% de la cantidad de empleados públicos dependientes del Poder Ejecutivo nacional.

Desde esa secretaría remarcan que con las estadísticas que se difundirán, a tono con los informes de final de gestión de cada uno de los ministerios que serán parte de spots que Jefatura de Gabinete difundirá al finalizar noviembre, rompieron la inercia de crecimiento de las contrataciones de trabajadores estatales que se venía manteniendo durante el kirchnerismo.