Campagnoli solicitó la detención del Jefe suspendido de la Policía de la Ciudad

La investigación de Campagnoli arroja sospechas sobre Potocar como uno de los supuestos líderes de una asociación ilícita que exigía dinero a comerciantes de Núñez y Saavedra a cambio de una seguridad privilegiada.

Ahora el juez de la causa, Ricardo Farías, debe definir si hace lugar a la solicitud del representante del Ministerio Público.

El sábado pasado, ante la investigación judicial, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, suspendió a Potocar.

El jefe de la Policía de la Ciudad fue involucrado a partir de testimonios que lo sindicaron como el destinatario final de coimas cobradas a comerciantes, y también porque constan en el expediente anotaciones en un cuaderno sobre los canales de pagos ilegales.

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En la causa ya están procesados con prisión preventiva dos altos oficiales de la Policía Federal por el delito de “asociación ilícita”, por el cobro de dinero a locales a cambio de protección, en los barrios de Núñez y Saavedra, y donde quedó bajo la lupa la comisaría 35. Hasta el momento, están detenidos con prisión preventiva la comisaria inspectora Susana Aveni y el subcomisario Marcelo Stefanetti, ambos integrantes de la Comisaria 35, a quienes además se trabó embargo por 350 mil pesos.

A Aveni, considerada “jefa” de la organización, la Cámara del Crimen el pasado viernes le negó la excarcelación; en tanto que Stefanetti es señalado como uno de los miembros. El comisario Norberto Villarreal y el subcomisario José Alberto Codaro están prófugos.

Según consta en la causa, “se han podido comprobar el espurio pago que era recibido a contramano de los mandatos legales y, además, las evidentes contraprestaciones que brindaba la cúpula de la comisaría 35 para garantizar la perpetuidad de sus ingresos”.

Potocar, antes de ser jefe policial, fue jefe de la dirección general de Comisarías, y en un allanamiento realizado a la Comisaría 35 se secuestró del despacho del comisario Villarreal un cuaderno con anotaciones del destino de los pagos ilegales, y uno consignaba la sigla “DGC”.

A ello se suma la declaración de un “arrepentido”, que detalló que el monto de recaudación por prevencionales, tanto como para Villarreal como a Potocar, era de aproximadamente 35 mil a 40 mil por mes.