Casa Rosada respaldó las medidas que tomó Bullrich

El gesto de autoridad de Patricia Bullrich de avalar el operativo de Prefectura en la zona del lago Mascardi que terminó con la muerte del simpatizante mapuche Rafael Nahuel, fue revalidado ayer en Casa Rosada.

Ayer bien temprano, en plena reunión de Gabinete en el salón Eva Perón del palacio de gobierno, el presidente Mauricio Macri reflexionó sobre cómo son percibidas las fuerzas de seguridad en nuestro país: “En otras partes del mundo la gente se para cuando un policía da la voz de alto, acá lo corren a piedrazos”, les dijo a sus ministros -según pudo reconstruir este medio- para graficar la falta de autoridad que tienen los uniformados en algunos sectores y que, de algún modo, plantea reconstruir con su administración del estado.

Luego, fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien expresó la preocupación del gobierno de que la escena en la que, afirman, hubo un “enfrentamiento” entre prefectos del grupo Albatros y los manifestantes mapuches pueda ser “alterada” dado que algunos de los ocupantes siguen acampando en el monte.

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En este sentido, cuestionó al juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, porque no aseguró “las pruebas y la información” para investigar los hechos ocurridos el fin de semana cuando murió abatido Nahuel en un sector del Parque Nacional Mascardi.

“El no haber podido asegurar las pruebas y el lugar como para saber qué pasó nos genera una preocupación”, sostuvo Peña sobre el hecho en declaraciones formuladas a la prensa luego de la reunión de Gabinete.

En este sentido, indicó que “claramente” el Ejecutivo está disconforme con la decisión del juez Villanueva por su falta de acción para ingresar en el lugar donde se produjo el episodio el sábado último. “No es lo ideal que, en una circunstancia así, no se pueda ir al lugar y consolidar las pruebas y la información para poder completar el objetivo de la misma demanda judicial que hubo”, puntualizó.

Asimismo, el coordinador ministerial remarcó que en virtud del proceso de la investigación, los efectivos de la Prefectura que actuaron en el hecho “entregaron las armas y se pusieron a disposición”. No se aclaró, no obstante, si el ministerio de Seguridad llevará adelante una auditoría interna para evaluar el desempeño del grupo de elite. Una fuente gubernamental consultada no lo descartó; en la cartera de Patricia Bullrich no contestaron la requisitoria.

Mientras tanto, el obispado de Bariloche y referentes sociales intentan convocar a una mesa de diálogo para alivianar las tensiones existentes. Ayer a la tarde se firmó en Bariloche una carta de intención para promover una mesa de diálogo entre las comunidades mapuches, el obispo local, José Chaparro, y por parte del estado nacional estuvo Jimena Psathakis, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y también asistieron referentes de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), como el amigo papal Juan Grobois y su coordinador Esteban ‘Gringo’ Castro.

Es que Rafael Nahuel, que provenía de una familia humilde de la zona, se desempeñaba en un programa de la CTEP que promovía el oficio de carpintero y artesano.

En diálogo con este medio, Castro dijo que “vinimos aquí para promover una instancia de diálogo. De ningún modo ni este chico ni quienes tomaron posesión de las tierras estaban armados. Hay que terminar con la violencia”. Empero, se mostró preocupado “en que pueda aumentar la represión” contra la protesta social. “Hay una decisión de este gobierno de favorecer a los más ricos. Los mayores tomadores de tierras son Lewis y Benetton. Pero sólo a las comunidades se las reprime”, concluyó.

Desde el gobierno informaron que, más allá de la presencia de las autoridades del INAI, “no está previsto” que viajen a tierras patagónicas otros funcionarios del ministerio de Justicia o Seguridad.